El juez Castro acuerda que MÉS sea acusación popular en el caso Son Espases

Así lo ha acordado el juez mediante una providencia dictada este miércoles, con la que ha admitido así que la coalición econacionalista sea parte en el proceso judicial, bajo la dirección letrada de la abogada Francisca Mas, sin necesidad de que para ello formule querella o preste fianza dado que las pesquisas ya se encuentran iniciadas.

En el marco de estas investigaciones, Castro busca esclarecer si las obras llevadas a cabo en Génova fueron financiadas de forma irregular así como su vinculación con la adjudicación de los trabajos relativos a Son Espases, que se encuentran en el punto de mira del magistrado por supuestas irregularidades en la tramitación del proceso y el pago de comisiones millonarias.

Recientemente, el juez incorporó al caso los expedientes de licencias de obras remitidos por el PP nacional correspondientes al edificio de Génova entre los años 2000 y 2010, mientras que anteriormente había requerido a la formación a que presentara la documentación acreditativa de los pagos de las obras de remodelación llevadas a cabo entre los años 2002 y 2010 en su sede.

Facturas por valor de 237.000 euros

En concreto, el PP entregó facturas que ascienden a un total de 237.000 euros, si bien aseveró que no consta en sus archivos documentación que permita conocer cuáles fueron las empresas subcontratadas por los contratistas principales de la reforma.

Mediante un escrito, el PP explicaba que el inmueble, situado en el número 13 de la calle Génova, fue adquirido por el partido mediante compraventa otorgada ante notario el 29 de marzo de 2006, fecha antes de la cual la formación era arrendataria del edificio.

Fue tras la compra cuando, proseguía, se acometieron las obras de remodelación del mismo, siendo contratada para ello la empresa Unifica, cuyas facturas fueron en su día requeridas por la Audiencia Nacional en virtud de las investigaciones en torno a la presunta financiación ilegal del partido.

El juez Castro abrió esta nueva línea de investigación en el marco de la causa que investiga el presunto amaño de la adjudicación de los trabajos del hospital, un proceso en el que, entre otros, se encuentran imputados el presidente de OHL y exministro, Juan Miguel Villar Mir, y el expresidente del Govern Jaume Matas.

Comisiones de nueve millones de euros

Según la confesión efectuada en esta causa por el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, el PP de Matas reclamó hasta nueve millones de euros a cambio de la concesión de las obras del hospital, que recayó finalmente, en diciembre de 2006, en manos de la UTE liderada por Dragados tras un proceso que inicialmente se había decantado a favor de OHL.

Cabe recordar que, de forma paralela, el juez indaga, dentro de la última pieza separada abierta en el marco del caso Palma Arena -la número 28-, la financiación presuntamente ilegal del PP balear así como la reforma de su sede, cuyos pagos habrían ido a cargo de empresarios favorecidos con la adjudicación de diversas obras públicas durante la última legislatura de Matas.

El juez, entre otra documentación, tiene sobre la mesa los interrogatorios efectuados al constructor Juan Serra, quien reconoció haber recibido dinero negro en la sede del PP, de cuya reforma se encargó -hasta 70.000 euros en metálico y sin factura a través de Areal-, así como al administrador de la empresa Over Marketing, Daniel Mercado, quien declaró a su vez haber pactado con Matas poder cobrar parte de los gastos de las campañas electorales en dinero opaco al fisco.

Mercado manifestó incluso que existía el acuerdo con el exministro de que parte de los gastos que se debían cobrar en negro y finalmente no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían.

El proceso se decantó inicialmente a favor de OHL

En el caso de Son Espases, el proceso de adjudicación se decantó inicialmente a favor de la competidora OHL, cuyo presidente, el exministro Juan Miguel Villar Mir, se encuentra imputado en las investigaciones. La constructora fue desbancada como favorita después de que el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el de Economistas variaran las puntuaciones inicialmente adjudicadas por la empresa privada Global PM.

Preguntado por esta última empresa, De Santos explicó que se trataba de una mercantil afín al PP y, más en concreto, al exconseller de Interior y expresidente del partido en Palma, José María Rodríguez.

En su querella, admitida por Castro el pasado julio, Horrach asevera cómo tras la «realidad formal» del proceso de adjudicación hay «una falsa apariencia de corrección y pulcritud, bajo la que subyacen maniobras criminales fraudulentas para manipular el concurso con finalidades espurias».

En su denuncia, el fiscal subraya además el hecho de que en este proceso se da el «paradigma» con el que «con demasiada frecuencia se amoldan intereses económicos y políticos en una espiral donde el interés público es la última razón a considerar o no tiene cabida».

En cuanto a los presuntos autores de los hechos, apunta que fue Matas quien «ordenó la manipulación del concurso» a través de la exconsellera de Salud, Aina Castillo, el exgerente del Ib-Salut Sergio Beltrán y el presidente de la Mesa de contratación, Juan Sanz -ya fallecido-, «para beneficiar ilícitamente» a la UTE liderada por OHL.

Por su parte, Castillo, quien también se ha prestado a colaborar con los investigadores, señaló del mismo modo que fue el propio Matas quien dio instrucciones para manipular el concurso, y que llegó a decirle que habría un «problema político» si la concesión no recaía en manos de Dragados, filial de ACS, presidida por Florentino Pérez.

La exconsellera relató cómo inicialmente Matas ordenó que la adjudicación se decantase a favor de OHL, si bien, cuando el supuesto trato de favor fue filtrado en la prensa, le comentó los inconvenientes que se producirían si una obra de tal «envergadura» no se adjudicaba a Dragados.