En concreto, Durán ha explicado que, el pasado 7 de marzo, el PP solicitó información completa relativa a los informes de oficio sobre sa Feixina remitidos por cualquier tipo de entidad perteneciente al ámbito de la preservación del patrimonio.
Posteriormente, el 17 de marzo, el área municipal de Cultura, que encabeza el regidor Miquel Perelló, hizo llegar al grupo municipal popular, únicamente, el informe del Consell de Mallorca denegando la protección del monolito, que, de hecho, ya obraba en poder del PP desde semanas atrás.
En cambio, según ha destacado Durán, el departamento que dirige Perelló «ocultó la existencia del documento elaborado por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (Icomos), organismo consultivo de la Unesco que se erige en entidad de referencia de la organización internacional en el campo que le ocupa».
Así, según ha afirmado, el equipo de gobierno recibió el informe de Icomos el pasado 1 de febrero, es decir, con bastante antelación a la fecha en que el PP se lo solicitó.
Ante ello, los populares han registrado una solicitud de información para que en el plazo máximo de 24 horas el gobierno municipal les facilite una copia completa del documento de Icomos en el que se posiciona en contra del derribo del monolito de sa Feixina, reclama su inclusión en el catálogo de bienes municipales e insta a la creación de un plan de gestión que incluya su mantenimiento y difusión.
Moción de urgencia
A su vez, este tema será objeto de una moción de urgencia que el PP defenderá en el pleno ordinario de este mes. En la moción, los populares han incorporado cuatro puntos. Por una parte, reclaman que se tenga en cuenta el contenido del informe de Icomos, dada su condición de organismo consultor de la Unesco.
En segundo lugar, la propuesta insta al equipo de gobierno a interrumpir cualquier actuación relativa a la demolición hasta que el Ministerio de Cultura se haya pronunciado en torno a la petición expresada por la plataforma 'Salvem sa Feixina'.
Igualmente, el texto insta al gobierno municipal a abstenerse de aprobar en junta de gobierno el proyecto de demolición.
Y, por último, recuerda que la destrucción de patrimonio es una práctica calificada como delictiva en el Código Penal (artículos 321 y siguientes), de tal manera que los responsables de estas conductas pueden ser castigados con penas de hasta tres años de prisión.
En opinión de la portavoz popular, la manera de actuar del pacto de Cort en este tema «va mucho más allá de la falta de transparencia. En este caso hay que hablar, directamente, de ocultación de información que un grupo político ha solicitado y que no se le envía, intentando confundirle con otro informe que el PP ya conocía sobradamente y que, por tanto, no necesitaba».
Igualmente, Durán ha exigido al gobierno municipal que «haga caso» al informe de Icomos, dado que, como ha apuntado, «se trata de un organismo consultivo de la Unesco, y nadie puede poner en duda que su posicionamiento sobre la conservación del monolito ha de ser tenido en cuenta, sobre todo si Palma aspira algún día a conseguir la categoría de Patrimonio Mundial».
La líder del PP en Cort ha reprochado también a los partidos del pacto que «denieguen sistemáticamente» la información que les viene reclamando la plataforma ciudadana 'Salvem sa Feixina'».
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