Junto al exalto cargo del PP, que deberá declarar de forma presencial, desfilarán ante el tribunal el decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física del Deporte en Valencia Vicente Enrique Año, Narciso Michavila, hermano de la exjefa de gabinete de Camps y del ex ministro José María Michavila; el jurista Miguel Trias, el diputado de Esquerra Unida Jesús Ignacio Blanco, Alfonso López Tello, de Price Waterhouse Coopers, y el profesor de Esade Valentín Giró.
Durante la instrucción de la causa, el juez José Castro apuntó a la existencia de indicios delictivos contra Camps y la exalcaldesa de Valencia por su supuesta participación en las negociaciones previas a la firma del convenio del Valencia Summit, por cuyas tres ediciones el Instituto Nóos percibió alrededor de tres millones de euros públicos a pesar de que su coste real ascendió a unos 900.000.
Las acusaciones apuntan a la inadecuada elección de los cauces procedimentales a través de los cuales se contrataron los servicios de la Nóós, toda vez que se prescindieron los trámites obligados por la Ley.
En su relato, Castro aseveraba que «estas y otras irregularidades, sin merma de que algunas de ellas ya sean de por sí mismas delictivas, ponen de manifiesto que las contrataciones con el Instituto Nóos fueron estrictamente voluntaristas», recriminando cómo, ante esto, Camps y Barberá asentían verbalmente «a cuanto se les ofrecía, sin estudios previos ni viabilidad técnica ni de mercado, en marcos geográficos absolutamente impropios y orillando por completo las normas sobre las contrataciones públicas».
Mediante su exposición razonada, que el magistrado elevó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Castro proponía a la máxima instancia judicial valenciana que asumiera la competencia para instruir esta parte del caso Nóos, al apuntar a la «decisiva e imputable intervención» de ambas autoridades, quienes debido a su entonces condición de aforados -por ser diputados en las Cortes- debían ser investigados por el TSJCV, que rechazó asumirla.
La Fiscalía Anticorrupción apunta asimismo a que Nóos ya comenzó a trabajar en la organización del Valencia Summit «mucho antes» de que el convenio fuese suscrito, lo que evidencia, a su juicio, que la concertación de la Administración pública con la entidad entonces presidida por Iñaki Urdangarin «ya estaba verbal y anticipadamente decidida».
Es más, el Ministerio Público sostiene que los firmantes del acuerdo -Nóos, la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau- rubricaron el documento «sin que fuera precedido de ningún proceso de análisis de mercado, discusión o negociación, y que Nóos «ni tan siquiera se molestase en tratar de esbozar» el presupuesto del que sería beneficiario.
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