Samantha Romero, la magistrada que preside el tribunal que juzga el caso Nóos. | Alejandro Sepúlveda

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La declaración de la concejala de Compromís en València Consol Castillo, que hoy estaba citada como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia de Palma por el caso Nóos, ha sido aplazada esperando un traductor de valenciano, porque la edil quería declarar en su lengua autóctona.

Finalmente, su declaración en valenciano ha comenzado pasadas las 13.55 horas, con la presencia de una intérprete que le ha sido asignada.

Castillo ha explicado que cuando le han realizado la primera pregunta en su declaración por videoconferencia ha respondido en su lengua materna y la presidenta del tribunal le ha pedido que hablara en castellano.

«Le he dicho que pensaba que podía usar cualquiera de las dos lenguas oficiales y me ha dicho que efectivamente tenía derecho, pero que no les había avisado y no tenían previsto un traductor», ha explicado.

Entonces, la edil de Compromís ha pedido que «lo tuvieran previsto para otras ocasiones» y la magistrada le ha dicho que si quería declarar en valenciano tenían que buscar un traductor.

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«Declaro en Palma no en Cuenca», ha espetado Castillo, quien ha explicado que todos los de la sala «son catalanoparlantes y me entendían perfectamente», a excepción de la letrada de Manos Limpias, que ha dicho que prefería que declarara en castellano, pero la edil ha dicho que «prefería hacerlo en valenciano».

Castillo ha declarado como testigo en el juicio que se sigue en la sección primera de la Audiencia de Palma, en el que están acusados la infanta Cristina, su marido Iñaki Urdangarín, el socio de éste Diego Torres y otras 14 personas, entre ellas el vicealcalde de Valencia Alfonso Grau y otros altos cargos valencianos.

La concejala ha indicado que cuando estaba en la oposición, Compromís presentó una moción para pedir una comisión de investigación sobre los contratos de la Fundación Turismo Valencia con el Instituto Nóos y que el Ayuntamiento se personara en la causa «si el dinero había sido mal utilizado».

«Pedimos documentación, pero no nos la dieron porque decían que Turismo Valencia era privada y no estaba sujeta a la fiscalización de los grupos de la oposición», ha agregado, y ha explicado que por ello, presentaron «un recurso de amparo» y solicitaron a la Fiscalía «que investigara posibles delitos en esos contratos».