Así lo han señalado fuentes del caso a Europa Press, que han explicado que lo extenso de las pesquisas hace necesario que se alargue su duración para esclarecer las supuestas irregularidades que rodearon a la concesión de Son Espases, que recayó en manos de Dragados, una de las filiales de ACS, y si los trabajos realizados en la sede de Génova fueron sufragados de forma ilegal por parte de las empresas que optaron a la construcción del hospital.
El juez Castro ha dado traslado de las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento al Ministerio Público para que se pronuncie sobre si el procedimiento debe ser declarado complejo, de acuerdo a los requisitos establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que establece seis meses de plazo máximo para instruir causas simples y hasta 18 para la investigación de las causas más complejas.
La declaración de complejidad debe ser solicitada por la Fiscalía en cualquier momento antes de la expiración del plazo general de los seis meses.
Esto también afectaría a la pieza secreta abierta en el marco del caso Son Espases después de que la Audiencia Nacional remitiera al juez la agenda del exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados, que se encuentra bajo lupa judicial al constar en ella múltiples pagos de 300.000 y 400.000 euros efectuados por el empresario Javier López Madrid, yerno del presidente de OHL y exministro, Juan Miguel Villar Mir, al exgerente regional del PP Beltrán Gutiérrez.
En concreto, bajo las iniciales «B.G», el encargado de las finanzas en la formación en Madrid figura en la agenda como el principal beneficiario. Las anotaciones fueron incautadas por la UCO de la Guardia Civil al presunto cabecilla de la 'Operación Púnica'.
Precisamente, respecto a estos hechos, Villar Mir presentó recientemente un escrito ante Castro en el que considera «diligencias de difícil justificación» las llevadas a cabo en torno a la sede de Génova y la agenda de Granados, puesto que hasta octubre de 2015, cuando el magistrado comenzó a indagar la vinculación de estos hechos con la construcción del hospital de Son Espases, «no había habido la más mínima referencia a las obras de esa sede».
Es más, la defensa del empresario niega que OHL haya intervenido en las obras de reforma de la sede nacional del PP como en ninguna otra instalación perteneciente a los 'populares'. Villar Mir se encuentra pendiente además de que el magistrado decida si archiva o no su imputación en este procedimiento judicial.
Facturas
Cabe recordar que, además, el PP entregó a Castro facturas relativas a la remodelación de la sede de Génova que ascienden a un total de 237.000 euros, si bien aseveró que no consta en sus archivos documentación que permita conocer cuáles fueron las empresas subcontratadas por los contratistas principales de la reforma.
El partido explicaba que el inmueble, situado en el número 13 de la calle Génova, fue adquirido por la formación mediante compraventa otorgada ante notario el 29 de marzo de 2006, fecha antes de la cual la formación era arrendataria del edificio.
Fue tras la compra cuando, proseguía, se acometieron las obras de remodelación del mismo, siendo contratada para ello la empresa Unifica, cuyas facturas fueron en su día requeridas por la Audiencia Nacional en virtud de las investigaciones en torno a la presunta financiación ilegal del partido.
Comisiones
En cuanto a la construcción de Son Espases, según la confesión efectuada en su día por el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos el PP de Matas reclamó hasta nueve millones de euros a cambio de la concesión de las obras del hospital, que recayó finalmente a favor de la filial de Florentino Pérez tras un proceso que inicialmente se había decantado a favor de OHL.
A favor de OHL
OHL fue desbancada así como favorita después de que el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el de Economistas variaran las puntuaciones inicialmente adjudicadas por la empresa privada Global PM. Preguntado por esta última empresa, De Santos explicó que se trataba de una mercantil afín al PP y, más en concreto, al exconseller de Interior y expresidente del partido en Palma, José María Rodríguez.
En su querella, admitida por Castro el pasado julio, Horrach asevera cómo tras la «realidad formal» del proceso de adjudicación hay «una falsa apariencia de corrección y pulcritud, bajo la que subyacen maniobras criminales fraudulentas para manipular el concurso con finalidades espurias».
En su denuncia, el fiscal subraya además el hecho de que en este proceso se da el «paradigma» con el que «con demasiada frecuencia se amoldan intereses económicos y políticos en una espiral donde el interés público es la última razón a considerar o no tiene cabida».
En cuanto a los presuntos autores de los hechos, apunta que fue Matas quien «ordenó la manipulación del concurso» a través de la exconsellera de Salud, Aina Castillo, el exgerente del Ib-Salut Sergio Beltrán y el presidente de la Mesa de contratación, Juan Sanz -ya fallecido-, «para beneficiar ilícitamente» a la UTE liderada por OHL.
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