Alabern ha comparecido este lunes en el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, encargado de las investigaciones, donde ha manifestado ratificarse en lo declarado en las diversas ocasiones en las que anteriormente ya ha sido interrogado en el marco de estas pesquisas. También estaba citado a declarar el exasesor jurídico del Ibatur Miquel Àngel Bonet, quien cumple condena en prisión por una pieza separada de este caso.
Tal y como asegura tajante el exalto cargo, defendido por el letrado Jaime Campaner, ningún empresario le ha abonado dádiva alguna a cambio de resultar favorecido con contratos de la empresa pública, según han informado fuentes jurídicas.
«Devolví un sobre sin saber si contenía dinero o entradas de cine»
Alabern llegó a manifestar en una de sus comparecencias que uno de los empresarios investigados en la causa, Bartolomé Morey, fue a su casa en una ocasión porque «me quería hacer un regalo": según explicó, el publicista le dio un sobre que de inmediato Alabern le devolvió, «sin ni siquiera saber si contenía dinero, entradas de cine o cualquier otra cosa».
Además, tildó de «absolutamente falso» que el proveedor le hubiera hecho entrega de comisiones a cambio de contratos por parte de la Administración autonómica.
El exgerente también se ha ratificado en el hecho de que, tal y como asegura, no intervino en la supuesta fabricación de expedientes y facturas falsas por trabajos que no se habrían llevado a cabo y que están en el punto de mira en estas investigaciones.
Sobre ello ya fue inquirido hace varios años y, al respecto, reconoció su firma en los expedientes si bien manifestó que «a menudo no los leía en absoluto», ya que se basaba «en una confianza con los jefes de departamento, imprescindible en mi cargo».
«No recuerdo haber leído los documentos», incidió el inculpado en una de sus declaraciones, al recordar que la persona que le pasaba el documento para su rúbrica «en ocasiones me daba una explicación acerca del mismo y otras, si no tenía tiempo» o si tenía «una pila» de documentos, «probablemente ni siquiera los leyera». En cualquier caso, sí recalcó que «siempre firmaba después del jefe de departamento».
En cuanto a la justificación de los trabajos para los que se aprobaban los gastos, defiende que no podía comprobar personalmente su realización sino que «daba por buena» el acta de conformidad que en ocasiones le venía firmada por el jefe de la asesoría jurídica. En este sentido, sostiene que «al tratarse de servicios y no de productos, no siempre es fácil la justificación material y documental de los mismos».
Cabe recordar que Alabern fue uno de los detenidos en la primera fase de la denominada Operación Pasarela, que estalló a finales del pasado mes de junio y en la que, una vez pasó a disposición judicial, el juez le impuso una fianza de 350.000 euros con la que eludió su ingreso en prisión provisional.
Contratos con una de las empresas que pagó a la trama Gürtel
El juez instructor de la causa, Pedro Barceló, reactivó recientemente las pesquisas del caso Ibatur y más en concreto en torno a los contratos suscritos por este organismo con la mercantil Match Golf, investigada por los pagos presuntamente irregulares que cobró del Ejecutivo balear y por los abonos que a su vez efectuó a favor de una de las principales sociedades bajo sospecha en la trama Gürtel, Easy Concept Comunicación.
El magistrado solicitó los informes existentes en relación a los contratos suscritos entre el Ibatur, Match Golf y Reial Pula Golf, empresas que promovieron durante el último mandato de Matas el conocido torneo de golf Mallorca Classic, objeto de investigación en este caso.
Los investigadores apuntan al presunto desvío de unos 17 millones de euros con motivo del patrocinio de este evento por parte del Govern, y ello a raíz de las numerosas facturas halladas sin justificar relativas al torneo habitualmente celebrado en s'Era de Pula (Son Servera).
Mediante el convenio de patrocinio, la financiación aportada por el Ibatur fue, en concreto, de 1,1 millones de euros en 2003; 2,3 millones en 2004; 3,4 millones en 2005, y 9,2 millones en 2006 y 2007. Sin embargo, el material justificativo por parte de estas empresas no llegó a ser presentado en la forma estipulada como tampoco factura alguna que justificase en qué se gastó el dinero, tal y como arrojan las pesquisas.
Match Golf es sólo una de las numerosas empresas investigadas en esta causa, puesto que a través del continuo fraccionamiento de contratos que entre 2005 y 2007 efectuó el Ibatur para que pudieran ser adjudicados de forma directa se habrían visto favorecidas hasta unas 70 mercantiles.
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