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Un perito que ha sido interrogado este miércoles en el marco del juicio del caso Nóos ha concluido que la Fundación Madrid 16, que pagó un total de 140.000 euros a la entidad considerada sucesora del Instituto Nóos (la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social), no está sujeta al derecho pública, lo que determinaría que no se produjo un desvío de fondos del Ayuntamiento de Madrid con el abono de los anteriores fondos.

Durante su comparecencia ante el tribunal encargado de juzgar a los 17 acusados de la causa, el experto ha incidido en el carácter privado de la entidad madrileña puesto que ésta fue creada al margen de la asignación presupuestaria del Consistorio de la capital española.

«No estamos ante una fundación pública estatal como lo puede ser Renfe, sino que se regula por la legislación de régimen local», ha recalcado el perito, subrayando que sus actividades son lucrativas y de ámbito mercantil y no pueden por tanto ser consideradas funciones de interés general.

El perito ha mantenido esta tesis cuando el fiscal anticorrupción Pedro Horrach le ha preguntado cómo es posible que no se consideren de interés general las iniciativas puestas en marcha por Madrid 16 cuando la mayor parte de los ingresos que recibe procede del Ayuntamiento.

Las pesquisas apuntan a que la fundación madrileña concedió los 140.000 euros a la FDCIS -que según los investigadores fue utilizada para desviar dinero al extranjero- sin haber justificado a qué servicios correspondían. Una cantidad que, en concreto, fue abonada en 18 donaciones de 6.000 a 12.000 euros transferidos mensualmente entre el 31 de octubre de 2007 y el 24 de noviembre de 2009.

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Se trata de unos hechos por los que se encuentra acusada en el juicio del caso Nóos la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen.

Según la Fiscalía Anticorrupción, la donación se habría intentado justificar mediante un documento de cuatro páginas, con el título 'Memoria' escrito a mano y fechado en diciembre de 2011, más de dos años después de que finalizase la vigencia del convenio y justo 25 días después de los registros que dieron lugar al estallido del caso Nóos.

«Intento burdo»

Como supuesta autora de la misma, la propia Coghen, sin que el documento estuviese firmado. Un «intento burdo», a juicio del Ministerio Público, de «justificar 'a posteriori' las entregas de dinero que, en su momento, se realizaron desde la Fundación Madrid 2016 a la FDCIS», a la que la acusación considera «una prolongación del Instituto Nóos».

Durante su declaración en el juicio, Coghen manifestó que fue Urdangarin quien le llamó para proponerle una colaboración activa de cara a la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos de Madrid 2016. «Nos explicaron desde la FDCIS cómo podrían colaborar con la candidatura, el bagaje que tenían, su experiencia y cómo el deporte podía ayudar a integrar a estamentos desfavorecidos. Nos interesaba y queríamos aprovechar esa sinergia», apuntó.

La exalto cargo defendió que era la segunda vez que Madrid se presentaba a la candidatura y «había que darle un aire distinto porque, si no, no iba a ser muy creíble el mensaje. Debía servir para apoyar la comunicación, el logo y las acciones que se llevaran a cabo». «Teníamos una necesidad crucial de trabajar en ello», incidió en la vista oral. A partir de esas negociaciones, aseguró que no volvió a tener conocimiento de las gestiones que se llevaron a cabo.