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La defensa de la infanta Cristina ha pedido este martes al tribunal que juzga el caso Nóos que la absuelva de las acusaciones y castigue a la única parte que actúa contra ella, el sindicato Manos Limpias, imponiéndole una sanción económica por trivializar la acción penal.

En la presentación de las conclusiones de las defensas, durante la quincuagésima sexta sesión del juicio del caso Nóos en la que han estado presentes los 17 procesados, el abogado de la infanta Pau Molins ha acusado a Manos Limpias de empeñarse en un «mantenimiento obsesivo» de la acusación contra doña Cristina.

Apelando al artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Molins ha pedido a las tres juezas que impongan a Manos Limpias una sanción económica prevista para los casos de abuso de derecho y ha recordado que no sería la primera porque el Tribunal Supremo ya condenó al sindicato por canalizar por la vía penal «situaciones absolutamente ajenas a la Justicia».

El letrado quiere «dar la vuelta a la tortilla» y que el tribunal condene además a Manos Limpias a pagar las costas procesales por «haber obrado con gravísima temeridad, abuso de derecho y mala fe procesal».

Por su parte, los abogados de los dos principales acusados, Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, han pedido al tribunal que los absuelva, al igual que los defensores de los cuatro exaltos cargos de la Comunitat Valenciana (Luis Lobón exsecretario de Turismo; José Manuel Aguilar exdirector de Cacsa; Jorge Vela exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas y Elisa Maldonado, responsable jurídica de Cacsa), del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau y de la ex consejera delegada de Madrid 2016, Mercedes Coghen.

El abogado de Urdangarin cree que «no se ha cometido ningún delito», a pesar de que la Fiscalía reclama para el marido de la infanta una condena de 19 años y medio de prisión y Manos Limpias solicita hasta 26 años y medio.

También el defensor de Torres y su esposa, Ana María Tejeiro, ha pedido una sentencia absolutoria para ambos y que las acusaciones sean condenadas a pagar los costes del juicio.

En la llamada trama balear, el expresidente del Govern y ex ministro Jaume Matas ha solicitado al tribunal que le imponga una multa de 45.000 euros, tras admitir dos delitos de prevaricación en concurso con fraude al ordenar la contratación de Iñaki Urdangarin.

Discrepa de la petición de condena de 5 años de cárcel que planteó la Fiscalía porque no admite haber cometido malversación y niega que impartiera la orden al ex director general de Deportes José Luis «Pepote» Ballester de pagar a Urdangarin 300.000 euros por la oficina de seguimiento del equipo ciclista Illes Baleares.

Las defensas de los demás ex altos cargos de Baleares (Ballester, el ex director de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal; el exdirector de Ibatur Juan Carlos Alía, y el exsecretario del Ibatur Miguel Ángel Bonet), que admitieron las irregularidades cuando declararon ante el tribunal, concuerdan con las peticiones de condena del fiscal, de entre 1 y 2 años de cárcel sustituibles por multas.

También acepta los 2 años de prisión que pide para él el fiscal del excontable de Nóos Marco Antonio Tejeiro, que colaboró en la investigación.

El asesor fiscal Salvador Trinxet, acusado sólo por Manos Limpias, ha pedido ser absuelto.

Después de que las seis acusaciones y las diecisiete defensas hayan expuesto sus conclusiones, este miércoles comenzará el trámite de informes, para el que el tribunal ha excusado a los procesados de estar presentes.

El fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, será el primero en realizar mañana su alegato final, seguido de la abogada del Estado Dolores Ripoll, en representación de Hacienda.

Corrección

El fiscal Pedro Horrach ha corregido este martes la pena que solicitó el pasado viernes para la ex consejera delegada de la fundación Madrid 2016, Mercedes Coghen, y la ha incrementado hasta los 5 años y 3 meses por delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con falsedad en documento público y prevaricación.

El fiscal del caso Nóos ha planteado la corrección de varios errores de cálculo de penas al inicio de la quincuagésima sexta sesión del juicio, a la que asisten la infanta Cristina y los otros 16 acusados.

El «error de cómputo aritmético del delito de malversación de caudales públicos» planteado por Horrach, que se ha responsabilizado del fallo, supone la modificación de las penas de inhabilitación que pide en relación al citado tipo delictivo para varios de los acusados.

Pero la modificación afecta especialmente a Coghen, que ve incrementada la pena de prisión que se solicita para ella después de que el pasado viernes se bajara la petición inicial de 6,5 a 4,5 años de privación de libertad.

Tanto la defensa de la ex consejera delegada como las de otros acusados afectados por la modificación introducida por la Fiscalía se han opuesto a la corrección por considerarla extemporánea.

Finalmente el tribunal ha desestimado esas alegaciones y ha admitido el planteamiento de la acusación pública.

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