Miles de pasajeros se quedaron en tierra en diciembre de 2010 tras el abandono masivo de sus puestos de trabajo por parte de los controladores aéreos. | Jaume Morey

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El médico forense Javier Alarcón ha examinado por orden judicial a 70 controladores aéreos de los centros de control de Balears durante el caos de diciembre de 2010, que dejó a miles de pasajeros abandonados a su suerte en los aeropuertos. AENA cerró el espacio aéreo y el Gobierno militarizó los centros de control.

El dictamen del forense será un elemento clave en la decisión que adoptará el juez de Palma que investiga los hechos sobre si procede el archivo de las actuaciones, como así lo determinó en 2014 una jueza, o el inicio de los trámites para la apertura de juicio oral.

La Fiscalía de Balears y la patronal hotelera de Mallorca, como acusación popular, imputan a los controladores un delito de sedición. El Juzgado de Instrucción 1 de Palma, cuyo titular es Juan Manuel Sobrino, y otro de Madrid, son los únicos órganos jurisdiccionales unipersonales que mantienen abiertas causas por el caos de 2010. El resto de juzgados han archivado las actuaciones.

Los controladores aéreos abandonaron sus puestos de trabajo alegando en su mayoría «estados de ansiedad y nerviosismo», que suponían «una disminución de sus capacidades psicofísicas», «en hechos propios de una intoxicación masiva», según consta en el sumario. Durante esos días del Puente de la Constitución de 2010, los representantes sindicales de los profesionales que dirigen el tráfico áereo negociaban el convenio del sector con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.