El juez Barceló archiva la causa por el caso Pícnic

El objeto de las pesquisas, un presunto desvío de 1,2 millones de euros del Ajuntament de Palma destinados a hacer proselitismo y propaganda de la ideología del partido mediante la contratación, con fondos públicos, de informadores medioambientales que en realidad se dedicaban a instar al voto a favor de la formación 'uemita'.

En su auto el juez concluye, más de cinco años después, que no ha quedado acreditada la comisión del delito de malversación que se indagaba en este procedimiento judicial y en el que, entre otros, se encontraban imputados el expresidente de UM Miquel Nadal y la exnúmero dos del partido en el Consistorio palmesano Cristina Cerdó.

Las investigaciones se centraban en la contratación, por parte del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof), de una veintena de trabajadores que en ningún momento habrían realizado el cometido para el que ocupaban estos puestos, sino que se habrían dedicado a atraer puerta a puerta nuevos simpatizantes para el extinto partido.

De hecho, entre los últimos testigos a los que se tomó declaración se encuentra un jurídico del Ayuntamiento que manifestó que la contratación de trabajadores medioambientales no fue legal puesto que sus nombres fueron «impuestos» por varios integrantes del partido sin que hubieran sido sometidos a ningún proceso previo de selección.

En el auto con el que ha decretado el sobreseimiento de la causa -recurrible en reforma directamente ante el Juzgado o en apelación ante la Audiencia Provincial de Balears-, Barceló afirma que los trabajadores fueron contratados para que visitaran a ciudadanos «y les ofrecieran participar en el cuidado del medio ambiente, para lo que les entregaban, entre otros, filtros para el fregadero, bolsas para el ahorro de agua en las cisternas y recipientes para depositar aceites o pilas u otros objetos reciclables».

Asimismo, respecto a la puesta en marcha de un departamento supuestamente 'fantasma' que la Concejalía de Medio Ambiente puso en marcha para que UM colocase a sus presuntos agentes electorales, el juez afirma que la intención era concentrar en un solo local a los funcionarios de esta área.

La causa llegó a centrar parte de sus pesquisas en averiguar si la formación regionalista utilizó nombres ficticios o de personas ya fallecidas para engrosar los listados de excursionistas que debían elaborar para justificar una subvención aportada por el Govern al Consistorio y dirigida a promocionar el medio ambiente.

De hecho, las investigaciones apuntaban a que la intención de UM era justificar la aportación de aproximadamente 300.000 euros que la Conselleria de Medio Ambiente destinó a concienciar a la población sobre este ámbito mediante excursiones y otras actuaciones. Las visitas se llevaban a cabo a varios lugares de Mallorca e incluso a la isla de Cabrera.

Tras la operación policial de esta causa, el juez dictó prisión bajo fianza de 300.000 euros para Cerdó -una de las cauciones más altas impuestas para un político en Baleares- y de 100.000 para Cortés -posteriormente rebajada a 65.000-, mediante un auto en el que aseveraba que con la contratación de gente afín a la formación (los informadores medioambientales) UM «se ganaba adeptos y fieles que los apoyarían, dando así una imagen de ser un partido de éxito con el consecuente efecto arrastre que ello puede suponer a la hora de disipar el llamado voto útil».

Fianza de 1,6 millones de euros para UM

El juez Antoni Rotger -quien cogió las riendas del caso Picnic pero acabó absteniéndose de la causa por amistad con Nadal- impuso además, el 31 de marzo de 2011, una fianza civil de 1,6 millones de euros a UM, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, por dedicarse a hacer «proselitismo, propaganda y apología de su idea política» con la labor de estos empleados y utilizando, por tanto, fondos públicos para fines partidistas.

Otras causas como Voltor y Maquillaje indagan en esta misma línea la supuesta captación de votos por parte de UM y la posterior contratación irregular de distintas personas, principalmente pertenecientes a colectivos sudamericanos, en organismos públicos y empresas privadas por haber votado a la formación, disuelta en febrero de 2011 a raíz de las numerosas causas de presunta corrupción que pesaban a sus espaldas.

La presidenta histórica de UM, Maria Antònia Munar, alcanzó el pasado mes de febrero su primer pacto al admitir que auspició, junto a otros líderes de UM que también reconocieron los hechos, el desvío de 200.000 euros públicos mediante la contratación, con fondos de la Institución insular, de trabajadores que en realidad se dedicaban a realizar labores particulares y buscar votos a favor del partido.

Asimismo, entre la distinta documentación recabada, se encuentran las confesiones de numerosos ciudadanos que en su día pusieron en conocimiento de los investigadores cómo UM, durante la campaña electoral previa a los comicios municipales y autonómicos de 2007, habría tratado de conseguir el voto a cambio de distintos ofrecimientos, como dádivas o recompensas por ejercer el derecho al sufragio en favor del extinto partido.

«¿No tienes trabajo ni dinero? Votando a UM te pagan 80 euros»

«Me dijeron que si quería ganarme un dinerillo que votara a UM, que ganaba ochenta euros». Es lo manifestado de modo literal por una de las ciudadanas afectadas por esta presunta trama electoral, quien recordaba cómo cuando entró en una panadería de Es Molinar la dependienta le preguntó: «¿No tienes trabajo ni dinero? Porque no quieres, porque votando a UM te pagan ochenta euros».

Cabe recordar que el estallido del caso Voltor, en febrero de 2010, llevó al entonces presidente del Govern, Francesc Antich (PSIB), en medio de una crisis sin precedentes en el Ejecutivo balear, a expulsar a todos los cargos ejecutivos de UM de las principales instituciones de las islas. Se rompía así el pacto de gobernabilidad firmado con la formación 'uemita' en 2007.