La última corrida de toros que se celebró en Palma tuvo lugar en agosto del año pasado. Este verano está previsto que se celebren otras dos corridas más en el coso palmesano. | M. À. Cañellas

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Primer aviso del Gobierno a Balears: o el Ejecutivo rectifica su intención de prohibir las corridas de toros o tendrá que actuar en consecuencia en el futuro presentando un recurso de inconstitucionalidad. El aviso llega en forma de carta a la Conselleria de Presidència firmada por el director general de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, Juan Ignacio Romero.

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Este alto cargo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considera «conveniente» advertir al Govern de que las corridas de toros están protegidas en toda España por una ley estatal «a fin de que sea convenientemente valorado» en la redacción final de la ley que tramita el Parlament. Le pide además «que con el alcance y en la forma que se estime más apropiada, se pueda despejar de antemano cualquier inconveniente que en el futuro pudiera plantearse respecto a la redacción final». En la carta, el director general se pone además a disposición del Govern «para solventar cualquier cuestión que pueda contribuir a la aprobación de la misma conforme al ordenamiento jurídico». Lo que hace el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con esta carta es advertir al Govern, con buenas palabras, de que no está en su mano prohibir las corridas de toros y le conmina a que cambie el texto si no quiere acabar ante en el Tribunal Constitucional.

La prohibición de las corridas de toros está recogida en la proposición de ley de bienestar animal que sigue en fase de tramitación en el Parlament. El texto no ha comenzado ni siquiera a debatirse, por lo que la Cámara deberá decidir ahora si atiende la advertencia del Ministerio o si se rebela y mantiene la prohibición.