La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Balears ha fijado entre el 20 y el 28 del próximo mes de febrero uno de los juicios pendientes en Palma contra los seis hijos varones del empresario José María Ruiz-Mateos, en este caso por adquirir de forma presuntamente fraudulenta, por 11,6 millones de euros, acciones de los hoteles Beverly Playa y Beverly Park.
Será la primera vez que los descendientes del fundador de Nueva Rumasa, investigados en varias causas instruidas en las islas, se sienten en el banquillo en la capital balear. Una de las partes ha solicitado la suspensión de la vista oral para esas fechas al coincidirle con otro juicio previamente señalado, si bien el tribunal aún no se ha pronunciado al respecto.
La Fiscalía Anticorrupción, que también dirigía sus acciones penales por estos hechos contra el patriarca de la familia Ruiz-Mateos -fallecido en septiembre de 2015-, reclama siete años de cárcel para cada uno de los acusados por un delito de estafa agravada y otro de insolvencia punible así como el pago de multas que ascienden a un total de 121.500 euros.
En su escrito de calificación, el Ministerio Público sostiene cómo el empresario jerezano y sus hijos, como directivos todos ellos de Nueva Rumasa, aparentaron una solvencia inexistente para lograr que los propietarios de los hoteles les vendieran su participación en las sociedades encargadas de los mismos con un aplazamiento de más del 80 por ciento (9,4 millones de euros) del precio. Para ello, presentaron garantías y avales personales inveraces que los vendedores dieron por buenos.
Sin embargo, el fiscal Juan Carrau asevera que los compradores «jamás tuvieron intención de pagar el precio» estipulado, hipotecando el mismo día y al siguiente los inmuebles para hacer inviable cualquier acción recuperatoria de los establecimientos y haciendo desaparecer los fondos obtenidos sin efectuar el pago del precio convenido.
En concreto, para generar, según la acusación pública, una imagen «de solvencia, éxito profesional y alta capacidad económica», los inculpados ofrecieron -como garantía del pago del precio aplazado- un aval solidario propio así como de las empresas aparentemente más rentables y viables del grupo: Dhul, Clesa y Carcesa -responsables civiles en la causa junto a otras mercantiles intervinientes en los hechos-.
Los dueños del 'holding' de la abeja se valieron para ello del testaferro profesional Juan Antonio Povedano, quien se encuentra desaparecido y en búsqueda y captura-, además de utilizar una sociedad pantalla (Wersdale Trade España S.L.) sin actividad, establecimiento permanente, sede ni oficinas.
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