Huertas presentó este lunes, último día de plazo, sus alegaciones contra la presunta vulneración del código ético de Podemos por la que ha sido expedientada, lo que abre un plazo de dos meses para que el comité de garantías de la organización resuelva el expediente.
En caso de que el órgano disciplinario proponga la expulsión de Huertas del grupo parlamentario, la presidenta del Parlament tendrá la opción de recurrir ante el comité de garantías estatal, derecho que ejercerá, según ha anunciado la mañana de este martes.
El comité de garantías nacional de Podemos dispondrá de dos semanas para resolver definitivamente el expediente y proponer, en caso de que entienda que ha vulnerado las normas internas, medidas sancionadoras que deberá ejecutar el grupo parlamentario tras ser asumidas por el Consejo Ciudadano autonómico.
Camargo ha admitido que el proceso será «largo», pero ha recordado que en todo momento se ha sostenido que el procedimiento abierto por la supuesta amenaza de Huertas de votar contra los presupuestos ha de ser «garantista» y se han respetar los plazos.
Por esta misma razón, la portavoz ha señalado que no está en su mano instar al comité de garantías a acelerar su resolución y acortar el plazo máximo de dos meses previsto en sus estatutos.
Camargo ha asegurado que no es ella quien presupone que el dictamen será sancionador, sino Huertas cuando anuncia que recurrirá ante el órgano de disciplina estatal y, en última instancia, la administración de justicia.
La diputada podemista se ha referido también al abandono de varios miembros del Consejo Ciudadano del partido, que ha cifrado en tres y ha asegurado que no constituyen «una dimisión en cadena» ni requieren de sustitución hasta que sea renovado el órgano después de la próxima asamblea estatal.
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