En este sentido, el diputado Josep Melià ha explicado que ya existe una normativa europea que establece que las administraciones deben garantizar un suministro mínimo «para preservar la dignidad humana en situaciones vulnerables, pero necesitamos un marco legal autonómico».
Tal y como señala el PI en un comunicado, la ley define la situación de vulnerabilidad de las familias,ya sea «por renta, por situaciones sociales determinadas o para familias numerosas. Era necesario definir la situación de vulnerabilidad». Además, se establecen medidas para paliar la pobreza energética y para establecer todas las actuaciones encaminadas a disminuir los efectos inmediatos así como el número de personas que la padecen.
«Las adminsitración tendrán que hacer frente al pago del suministro, o parte del pago, dependiendo de la situación», ha aseverado el diputado. «Pero las empresas suministradoras también tendrán la obligación de informar antes de proceder a cualquier corte de suministro», ha recalcado.
El PI confía en que esta ley, que ya ha sido registrada, reciba el informe favorable del Govern y sea tomada en consideración con el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios para que sea una realidad, y una ayuda efectiva, dentro de 2017.
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