Por ello, ha calificado esta modificación como «un paso valiente y necesario para poner orden en el sector», según destaca en una nota de prensa.
«Esta ley debe ser un instrumento para avanzar hacia el modelo turístico y económico sostenible que reclama la mayoría de la ciudadanía de este país», insiste la formación.
Resalta que «por primera vez» habrá un techo de plazas turísticas, lo que en el ámbito del alquiler ilegal implicará un decrecimiento respecto a la oferta existente.
El objetivo es el equilibrio y la sostenibilidad, ya que, según explica, en el alquiler turístico se podrá poner orden al garantizar la convivencia, ya que se deberá contar con la autorización de la comunidad de vecinos.
Además, combatirá la economía sumergida con el aumento de multas para el alquiler turístico ilegal, de entre 20.000 y 40.000 euros; mientras las webs que anuncien viviendas ilegales también serán sancionadas.
También evitará la especulación, ya que las fincas deberán tener un mínimo de 10 años de antigüedad, y las plazas de alquiler de pisos turísticos serán por 5 años; establecerá requisitos de calidad y sostenibilidad, pues deberán garantizar la accesibilidad y deberán tener certificado de eficiencia energética.
Se incluye la protección del territorio, una vez que el alquiler turístico queda excluido en suelo rústico; y se garantiza el acceso a la vivienda, a través de la zonificación que deberán hacer consells y el Ajuntament de Palma.
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