Seijas alega que ha sido expulsada por falsedades y sin derecho a defenderse

En el escrito de alegaciones en el que reclama que se anule su expulsión, Seijas advierte que si no se le restituye su «condición plena de militante del partido» ejercerá acciones judiciales contra Podemos y reclamará ser compensada por «los daños morales» que se le han causado.

La diputada señala que, además de ser inciertas, los actos que se le atribuyen no están contemplados en el código ético que según la comisión de garantías regional ha vulnerado gravemente junto a la también diputada Xelo Huertas, que además es presidenta del Parlament, y su compañero, el científico Daniel Bachiller, en favor del cual presuntamente habían amenazado con votar contra el proyecto de presupuestos del Govern.

Como ya argumentó ante el órgano disciplinario autonómico, señala que sus expresiones en un chat interno sobre los «muchos motivos» para votar en contra de los presupuestos son un ejercicio de libertad de opinión y no contravienen ningún acuerdo de Podemos porque su dirección no había adoptado entonces ninguna postura al respecto.

Reitera que es víctima de una «purga de militantes críticos con las decisiones antidemocráticas» organizada a partir de acusaciones falsas que compara con «procesos estalinistas».

Seijas asegura que las actuaciones de la dirección autonómica del partido contra ella son contrarias a la legislación vigente, son desproporcionadas y representan un castigo por denunciar un posible conflicto de intereses del líder de Podemos, Alberto Jarabo, por su participación en decisiones sobre la televisión autonómica, IB3, que podrían favorecer a productoras en las que trabajó.

«Muy probablemente estoy sentenciada injustamente», señala la diputada en su escrito, que aporta una serie de documentos que demostrarían que la decisión de hacer definitiva su expulsión ya ha sido tomada y denuncia animadversión del instructor de su expediente.

Hoy concluía el plazo para que Seijas y sus compañeros expulsados presentaran alegaciones ante la comisión de garantías democráticas estatal de Podemos.