Campos anegados, una tónica recurrente en las últimas semanas que ha hecho mucho daño al campo balear. | DANIEL ESPINOSA

TW
18

Unió de Pagesos ha calificado de burla la respuesta adoptada por el Consejo de Ministros la pasada semana con la aprobación de ayudas para paliar los daños causados por las inundaciones, que según este sindicato dejan fuera a los agricultores de Baleares.

«El Consejo de Ministros se ha burlado de los agricultores de las zonas afectadas por los temporales y, de manera flagrante y manifiesta, de los agricultores de las Islas Baleares» ha apuntado el sindicato por medio de un comunicado.

Según Unió de Pagesos el colectivo se siente también indignado ante el Real Decreto Ley aprobado el pasado viernes por considerar que este establece que solo podrán recibir las ayudas los titulares de explotaciones agrarias que tengan suscritas pólizas amparadas por el Plan de Seguros Agrarios Combinados, que hayan sufrido daños en elementos afectos a la explotación que no sean asegurables.

«Es decir no recibirán ninguna ayuda los cultivos no asegurados ni tampoco los cultivos asegurados. Sólo pueden recibir ayudas los agricultores que tengan cultivos asegurados y tengan daños en elementos no asegurables, lo que en Baleares es prácticamente inexistente, ya que los daños se han producido esencialmente en cosechas asegurables», destaca la Unió.

Este sindicato ha señalado que tampoco los agricultores de las islas podrán acogerse a los beneficios fiscales sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), ya que según precisa, el decreto «establece que sólo se puede producir la exención en aquellos casos en que las cosechas tengan daños no cubiertos por ninguna fórmula de aseguramiento público o privado"

«Por otra parte las cosechas no pagan IBI, por lo que entendemos que su inclusión en este apartado sólo es retórica», ha añadido el sindicato.

Por estos motivos, Unió de Pagesos se ha dirigido a la Delegación del Gobierno en Baleares para pedir que se aprueben nuevas medidas que sí tengan efectos en los cultivos dañados por el temporal, y ha dejado de manifiesto «su decepción y disgusto por la tomadura de pelo que representa el Decreto 2/2017».

Noticias relacionadas

La Delegación del Gobierno recordó el pasado sábado que las personas y entidades de Baleares afectadas por el temporal de lluvia y viento que azotó las islas del 17 al 24 de enero tienen dos meses de plazo para solicitar las ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros el día anterior.

Las solicitudes se tramitarán a través de la propia Delegación del Gobierno y serán analizadas y resueltas por el Ministerio del Interior.

El plazo de dos meses empieza a contar a partir de este lunes, fecha en la que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el decreto ley de medidas urgentes para paliar los efectos de los temporales en diversas zonas de España aprobado por el Gobierno.

La Delegación del Gobierno recordó también en una nota que «las ayudas serán destinadas a paliar daños personales, en vivienda y enseres, en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios, en explotaciones agrícolas y ganaderas, y por prestaciones personales o de bienes de personas físicas o jurídicas».

La aprobación del decreto ley permite financiar las compensaciones por las pérdidas materiales causadas en Baleares por las lluvias, inundaciones y vendavales con cargo al fondo de contingencia de ejecución presupuestaria, a excepción de los que sean competencia del Ministerio del Interior, que corresponden al presupuesto de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

Aunque no se han evaluado de manera precisa, en una primera estimación para el conjunto de España el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha cifrado en unos 77,5 millones de euros los daños producidos por los temporales ocurridos desde noviembre en el sector agrario, en las costas, en las confederaciones hidrográficas y en la red de caminos naturales.

Por su lado, el Ministerio de Fomento ha cifrado en 22,5 millones de euros los deterioros en carreteras, aeropuertos, puertos e infraestructuras ferroviarias.