La Fiscalía recurre contra la absolución del exconseller Joan Marí Tur

En el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal se tilda de «incongruente» la resolución y se insta a que se declare, otra vez, la nulidad de la sentencia «y que se dicte otra en su lugar en la que proceda a subsanar las deficiencias apreciadas».

El Ministerio Fiscal insiste en que con su omisión, los dos acusados, el exconseller Joan Marí Tur y el entonces director insular de Cultura, Antonio Arabí Serra, «permitieron, propiciaron, consistieron y posibilitaron las destrucciones arqueológicas».

Además, recuerda que a pesar de que no se les avisó del inicio de las obras, los medios locales sí se hicieron eco de las mismas, convirtiéndose en un hecho «público y notorio».

«Ya en ese preciso instante tenían la obligación de suspender las obras, si bien no lo hicieron y por ello tuvo lugar la primera destrucción, en noviembre de 2004, cuyo hallazgo no le había sido comunicado por la empresa adjudicataria. A pesar de ello continuaron sin suspender las obras tal y como era su obligación», apunta la Fiscalía.

Para el Ministerio Fiscal, Marí Tur y Antonio Arabí «incurrieron en un delito continuado de prevaricación por omisión, por no hacer aquello a lo que estaban obligados por la Ley de Patrimonio Histórico cuyo conocimiento sabían perfectamente dado el cargo que ostentaban al momento de los hechos».

En este sentido, aunque la sentencia judicial dice que «nadie es responsable penalmente ya sea por desconocimiento» o porque se actuó «con arreglo a un protocolo de actuación que se desconoce», la Fiscalía considera que «en verdad nunca se hizo aquello que la ley de Patrimonio Histórico de Islas Baleares establece con carácter imperativo, mientras que el patrimonio histórico era arrasado una y otra vez».

La Fiscalía pedía una pena de tres años de prisión para el exconseller de Patrimonio por un delito continuado sobre el patrimonio histórico-artístico y diez años de inhabilitación.