En un comunicado, UGT ha explicado que en su petición recuerda que lleva más de cuatro años informando a Cort de que la empresa adjudicataria de la ayuda a domicilio no ha cumplido los ratios de personal en las dos últimas licitaciones.
Actualmente, según dicen, no hay ninguna persona dedicada a las tareas administrativas y económicas al no haber sido sustituida una trabajadora que lleva más de un mes de baja, y a pesar de que en la concesión se marca que estas funciones deben ser realizadas por dos profesionales administrativas.
Esta empresa, según UGT, ya vulneró el pliego de condiciones de la anterior licitación al no contar con una responsable de coordinación y una auxiliar administrativa durante el periodo 2011-2015.
FeSP-UGT calcula que el conjunto de los quebrantamientos de la empresa adjudicataria han supuesto el pago de más de 400.000 euros de dinero público por un personal que la empresa no ha contratado pero sí ha facturado al Ayuntamiento de Palma.
Por todo ello, el sindicato considera que la administración local debería gestionar directamente el servicio de ayuda domicilio por ser una prestación indispensable dentro de los derechos sociales de la ciudadanía que procura el bienestar de personas vulnerables. «Los servicios públicos tienen que ser prestados directamente por las administraciones ya que la empresa privada busca siempre un beneficio económico que pervierte los objetivos sociales de lo público», concluyen.
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