La Comisión de investigación de las autopistas de Ibiza concluye que hubo gestión irregular del PP

Según el texto, aprobado con siete votos a favor y los cuatro del PP en contra, asegura que se ha acreditado la intencionalidad y la voluntad de asumir el control de todo el proceso de diseño, concesión, adjudicación y construcción de las carreteras de Ibiza por parte de determinados dirigentes del PP, así como la vinculación de buena parte de los sobrecostes en determinadas decisiones políticas.

Además, expone que ha habido un proceso de «des-responsabilización política, administrativa y empresarial en las decisiones tomadas», que se han caracterizado por ser «poco fundamentas».

En referencia al sobrecoste, se concluye que las modificaciones en el proyecto y la metodología de obra, sobretodo relacionadas con deficiencias en el proyecto inicial de las autopistas, incrementaron los costes de construcción «de forma sustancial».

«Los máximos responsables de las empresas concesionarias han admitido ante la comisión que aquello que ha permitido cuadrad las cuentas de las constructoras es el reconocimiento de los sobrecostes por parte de la administración, lo que explica el alto grado de litigiosidad de las obras», han asegurado en sus conclusiones.

Asimismo, el texto determina que es «evidente» que se haya destruido numeroso patrimonio arqueológico de valor «incalculable», «hecho que no se hubiera producido si las obras de las autopistas se hubieran ejecutado de otra forma».

Otro punto especifica que se adjudicaron las obras de las autopistas a las empresas que presentaban una opción de rescate más cara, «cosa que hacía prácticamente inviable un eventual rescate».

Igualmente, detalla que los informes encargados o elaborados por la administración se fundamentan en actos «fraudulentos e información parcial». Finalmente, exponen que la auditoria realizada por Gerens Hill señalada «numerosas irregularidades en la contratación, ejecución y gestión de las autopistas de Ibiza».

Por contra, en la Comisión se han rechazado las conclusiones presentadas por el PP en las que se pedía que el Parlament constatara que dicha Comisión habia supuesto «uno nuevo gasto público innecesario para los intereses de la ciudadanía».

Además, el documento instaba a que se constatara que desde la sesión en que se aprobó el Plan de Tranajao, «la propia comisión habia sido conducida por los intereses de los grupos parlamentarios promotores y que dan apoyo al Govern».

También señalaba que la «sospechosa» actuación de Jaume Carbonero al frente d ela Conselleria de Obras Pública es lo que más dudas ha generado. Por ello, pedían que se remitieran los trabajos y acuerdos de la Comisión con el fin de que la Fiscalía Anticorrupción pudiera proceder a abrir diligencias para analizar las resoluciones de Carbonero.