Así se ha expresado el GOB en una nota de prensa en la que recuerda que ha presentado esta semana alegaciones al anteproyecto de ley urbanística de la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad.
La entidad ha valorado como «imprescindibles y acertados» los principios generales de esta ley en cuanto a sostenibilidad y reutilización «como un indicio del cambio que estas islas necesitan a la hora de plantear su futuro desde el punto de vista territorial y urbanístico».
Aplaude la eliminación de las amnistías
El GOB también ha valorado que la Ley dé continuidad al decreto de medidas urgentes en materia urbanística eliminando la figura de asentamientos en medio rural así como la amnistía urbanística de urbanizaciones fantasma «que premiaba los infractores».
Algunos de los aspectos que el GOB también considera «imprescindibles» son la incorporación DE suelo rústico, los mecanismos para garantizar la transparencia en la gestión urbanística y el apartado sobre disciplina urbanística, en particular a lo relativo a las actuaciones de cargos públicos.
En relación a los aspectos generales, el GOB ha matizado que «valdría la pena hacer una incidencia todavía más significativa en los mecanismos de participación ciudadana y publicidad de las actuaciones y también la incorporación de la protección y ordenación paisajística».
Propuestas del GOB
Por otra parte, el GOB ha advertido que «se sigue considerando la vivienda unifamiliar en suelo rústico como uso propio del suelo rústico» por lo que propone prohibir el uso de vivienda para las nuevas edificaciones y regular mucho más restrictivamente el interés general en el suelo rústico.
También han subrayado que «se sigue permitiendo planificar nuevas urbanizaciones» y proponen dejar de clasificar nuevo suelo urbanizable.
Paralelamente, el GOB pide rebajar la capacidad de carga urbanística fijando índices de intensidad de uso residencial y/o turístico que impliquen la rebaja, con reclasificaciones a rústico de los urbanos no consolidados y de urbanizables y con recalificaciones de usos residenciales plurifamiliares a unifamiliares.
Viviendas turísticas
La entidad ecologista también ha reclamado obligar a la necesidad de dar uso residencial a todo el parque construido «ante la dramática situación actual del derecho a acceso a una vivienda. «Se trataría de prever medidas fiscales o de otro tipo, que desincentivasen la desocupación de las viviendas existentes o su mercantilización para usos turísticos», explican.
Otra cuestión fundamental para el GOB es impulsar la programación del otorgamiento de licencias de obras (cuotas), fijándola como una obligación, no como una posibilidad.
En relación en los edificios fuera de ordenación, para garantizar actuaciones directas contra estos, el GOB cree que la Ley tendría que exigir a los Consells insulares la aplicación del artículo correspondiente antes del plazo de un año.
En relación a los suelos urbanizables no desarrollados, reclaman que la Ley obligue a los Ayuntamiento a identificar e inventariar los suelos que se encuentren en esta situación en un plazo concreto.
Finalmente, de la disciplina urbanística valoran el «papel relevante» de la misma si bien recomiendan que la Ley establezca que los Ayuntamientos mantengan las competencias de vigilancia urbanística y disciplina en suelo urbano, pero que transfieran por ley estas competencias en cuanto al suelo rústico a los Consells -o, en caso de la isla de Mallorca, a la ADT (Agencia por la Defensa del Territorio de Mallorca); y en el caso de Menorca, al Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística al Suelo rústico de la isla de Menorca.
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