En opinión de Durán, este nuevo contrato «vuelve a poner en duda la imparcialidad de los funcionarios de la casa y no se ajusta a la legalidad», por cuanto se trata de llevar a cabo una auditoría que en opinión de los populares le corresponde realizar al Tribunal de Cuentas o la Sindicatura de Cuentas.
Con esta auditoría el gobierno municipal quiere analizar la legalidad de cinco contratos concedidos a la empresa Roig Obres, Serveis i Medi Ambient, entre los años 2010 y 2015.
Durán ha explicado que su grupo está de acuerdo en que se audite cualquier contrato sobre el que exista «la más mínima duda de legalidad».
Sin embargo, ha insistido, se trata de un trabajo que deben llevar a cabo los organismos que ofrezcan «la mayor garantía de imparcialidad», el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Cuentas, y «no por amigos ni empresas elegidas a dedo».
«Han tenido que llegar los padres de la nueva política para que en este ayuntamiento se produzcan situaciones inverosímiles, como que sea un mérito para conceder una plaza municipal compartir la ideología de Podemos, ser jefe de campaña de MÉS o que se publiquen las bases de un contrato saltándose la legalidad vigente; y todo ante el silencio del alcalde Hila».
La regidora popular ha criticado que el actual equipo de gobierno dude de los funcionarios municipales y los considere como «personas parciales» al concluir que, por motivos de imparcialidad, este servicio debe llevarse a cabo por personas ajenas al Ayuntamiento de Palma.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.