El Govern tramita dos expedientes distintos: uno de Territori y el otro, de Turisme. | Teresa Ayuga

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Las multas por destinar una Vivienda de Promoción Pública, lo que antiguamente se denominaba VPO, a alquiler turístico superan los 6.000 euros si esta operación fraudulenta se realiza durante el periodo en el que el inmueble solo puede usarse como vivienda habitual, según explicó este martes el conseller de Territori, Marc Pons.

Eso es precisamente lo que sucede en el caso del barrio de sa Gerreria, en Palma, donde varios de los pisos que deben destinarse a alquiler de vivienda habitual se están usando en realidad como viviendas de alquiler turístico. Se trata de viviendas construidas con ayudas públicas, 35 en total, cuyas limitaciones de uso aún están en vigor y que se están usando como pisos turísticos.

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El conseller de Territori destacó que ya se ha iniciado el expediente para aprobar estas sanciones y añadió además que el proyecto de ley de vivienda que tramita en estos momentos el Ejecutivo incluye un aumento notable de las multas: una vez que el Parlament apruebe el texto, esos 6.000 euros de sanción pasarán a ser 30.000.

Las sanciones por el uso indebido de una VPO se sumarán a las que determine la Conselleria de Turisme, que a su vez tramita sus propias multas. En este caso, la multa se produce por el hecho de anunciar las viviendas en portales turísticos, lo que incumple la vigente Ley de Turismo.