El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Defensora del Pueblo contra la Ley 18/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Baleares para el año 2017.
El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, así como al Gobierno y al Parlamento de las Illes Baleares, que disponen de un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.
La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional decimotercera de los Presupuestos de Baleares para 2017, por un precepto relativo al régimen de exención de guardias del personal sanitario mayor de 55 años que consideró ajeno al contenido propio de este tipo de normas, informó la institución el pasado marzo.
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