La nueva ley agraria de Baleares busca proteger al sector y la producción de alimentos

| Palma |

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El anteproyecto del Govern balear de la nueva ley agraria da prioridad a la agricultura en detrimento del urbanismo y «garantiza» la actividad agraria y la producción de alimentos en las islas, ha anunciado este lunes el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal.

El nuevo texto, que sustituye a la ley agraria de 2014, pretende «proteger» no solo a los profesionales, sino también los recursos necesarios para llevar a cabo su trabajo.

En rueda de prensa, Vidal ha explicado que es una «ley más agraria y menos urbanística» que la anterior, que no se pretende «demoler» sino «mejorar» tras dos años de vigencia.

El anteproyecto quiere «reservar» el espacio que pertenece al sector agrario, dando prioridad a los usos típicos del suelo rústico frente a los que no lo son, «garantizando» que los agricultores de la actual y próximas generaciones dispongan de los recursos «indispensables» como suelo fértil y agua limpia.

El conseller ha subrayado que «también» se quiere facilitar la viabilidad económica de la actividad agraria apostando por la producción de alimentos y por actividades que ayudan al productor a obtener valor añadido de su producto, como la transformación o la venta de proximidad y favorecer la «diversificación «de ingresos del sector.

Las principales novedades del borrador radican en la redefinición de la figura del agricultor: se da importancia a su papel como generador de alimentos, pero también como «agricultor del paisaje».

La actividad agraria se convierte en la «prioritaria», por lo que «se sube el listón» para ser explotación preferente en el caso de las personas que no viven de la agricultura pero que gestionan el territorio, generan trabajo agrario para una persona y cuentan con un mínimo de renta estrictamente agraria (25 % de la renta de referencia, de unos 8.000 a 9.000 euros anuales.

En la anterior ley, este 25 % se podía cumplir con los ingresos de la actividad complementaria.

Además, ha proseguido Vidal, el nuevo texto recoge la experiencia vivida con la detección de la presencia de Xylella Fastidiosa en las Islas Baleares.

A partir de ahora se establece la obligatoriedad de los propietarios de suelo rústico y vegetal no productivos de cumplir la normativa de sanidad vegetal con el fin de evitar que la falta de cuidado pueda representar un foco de infección para las producciones agrarias.

Además, la futura ley contempla que el suelo rústico se mantenga en buenas condiciones de fertilidad y de paisaje y que los sistemas de drenaje tradicionales se mantengan para evitar inundaciones.

La ley trata de proteger los recursos agrarios, garantizar la sanidad vegetal y animal y aumentar las medidas de protección para evitar la entrada de organismos invasores.

En este contexto se regulan la entrada de material vegetal y de sustratos que puedan contener especies invasoras, como serpientes o microorganismos patógenos. También se prohíbe sembrar organismos modificados genéticamente (transgénicos).

Como medida de fomento de la economía circular se mantiene la posibilidad de que los productos derivados de la actividad agraria puedan ser aprovechados para otros usos agrarios.

En cuanto a la producción agraria, se reconoce la importancia de las razas autóctonas y las variedades vegetales locales para la producción agraria y como patrimonio genético de las Islas Baleares. Por este motivo, se crea el catálogo de variedades locales y se fomenta la siembra de estas variedades.

Por otra parte, toda la ganadería se considera una actividad agraria estratégica, independientemente de la especie y se garantiza el bienestar animal en todas las fases, por lo que se establecen las dimensiones mínimas y máximas de alojamiento por especie y se limita la carga ganadera según la normativa europea.

Con el fin de «garantizar el suelo rústico para los agricultores y reconocer el papel que tienen en el paisaje», ha explicado el conseller, se crean las figuras de contrato territorial y de parque agrario, que ordena y potencia los espacios de interés agrario de las zonas periurbanas, como es el caso del Prat de Sant Jordi.

En cuanto a la transformación y la comercialización, se introduce el concepto de venta de proximidad, que recoge la venta directa del producto de producción propia hecho por un agricultor o una agrupación de productores preferentes al consumidor final.

También se prevé la venta en circuito corto de productores o agrupaciones de productores al consumidor final con la intervención de un solo intermediario.

Además, la ley fomenta la participación y el debate: habilita el Consejo Agrario para que elabore una estrategia del conocimiento agrario y para que pueda establecer su composición mediante un reglamento de régimen interno.

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