Un coche de la Policía Nacional, en el puerto de Calanova. | Alejandro Sepúlveda

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La Fiscalía Anticorrupción ha incorporado sus pesquisas sobre la adjudicación del Puerto Olímpico de Calanova a la causa abierta por el Juzgado de Instrucción 3 de Palma. De esta forma, las actuaciones que se llevan a cabo desde finales del pasado año pasan a estar judicializadas ante los indicios de un posible amaño en la manera en la que la Conselleria de Deportes llevó a cabo el proceso. Tanto la investigación judicial como la de la Fiscalía surgen de denuncias particulares que ponen el foco en el entonces conseller de Turisme, Carlos Delgado, es ahora socio de despacho de abogados del primer administrador que tuvo la empresa que ganó el concurso, Carlos Gelabert.

La diligencias previas llevadas a cabo por la Fiscalía a lo largo de medio año, además de analizar el procedimiento administrativo por el que se llevó a cabo el concurso se han centrado en cómo se fundó y se financió Puerto Olímpico Calanova S.L., la empresa que ganó el concurso en el año 2013.

Suiza y Singapur

En las diligencias de la Fiscalía se han encontrado diversos pagos desde paraísos fiscales como Suiza o Singapur a las empresas que participaron en la adjudicación. De hecho, Anticorrupción ha pedido la intervención del servicio de prevención de blanqueo de capitales, el SEPBLAC.

El juzgado que ahora lleva la causa ha citado el próximo mes de julio al hostelero Alfonso Robledo, que explota el restaurante del puerto, para que ratifique la querella que presentó y que ha detonado la judicialización del caso. En las diligencias judiciales ya está personado el exconseller de Turisme, Carlos Delgado como querellado. Éste ha atribuido la denuncia de Robledo a «una venganza» y al conflicto que mantiene éste con los adjudicatarios después de que le haya caducado la concesión del restaurante y no le fuera renovada.