Velasco ha participado hoy en un foro formativo titulado «El delito fiscal y la prevención del blanqueo de capitales», organizado por el despacho de abogados del exfiscal Anticorrupción Pedro Horrach y Caixabank Empresas, donde ha ofrecido una conferencia sobre «El compliance penal».
El magistrado, que ha dicho que en su juzgado ha llegado a investigar a 88 empresas, ha explicado que la legislación recoge la responsabilidad penal de las empresas desde diciembre de 2010 y que es relativa a 26 categorías delictivas que van desde el contrabando, la estafa y el blanqueo a los delitos contra el territorio o por daños contra la salud pública.
Ha precisado que cinco de esos posibles delitos, las personalidades jurídicas (un 90 % de ellas empresas, pero también sociedades civiles como cooperativas o equipos deportivos) los pueden cometer por imprudencia, por no haber tenido la diligencia necesaria para evitarlos, que son el blanqueo, financiación del terrorismo, insolvencia punible, delitos ecológicos y contrabando.
El magistrado ha señalado que la razón de ser de esa posible responsabilidad penal es que «quien hace trampas en un sector determinado de la actividad, acaba afectando al resto de la competencia». «El sistema penal echa fuera a las empresas que hacen trampas para restablecer el equilibrio», ha defendido.
Si bien la pena constituye una multa, existen otros tipos de sanciones punitivas posibles como la disolución de la empresa, la suspensión temporal de su actividad, la clausura de locales, la prohibición de contratar con la administración un determinado tiempo y la intervención judicial.
Según el Código Penal, la empresa puede cometer el delito a través de sus directivos (cuando actúe en nombre de la compañía y en su beneficio directo o indirecto) o de sus empleados.
Velasco ha destacado que la responsabilidad de la empresa en un posible delito se puede ver atenuada si ésta dispone de un plan de prevención del delito y también si cuenta con la figura de un «compliance officer» que vele para que no se cometan.
Si bien ese sistema es voluntario por parte de las empresas, el juez Velasco ha recalcado que «hacer planes de prevención delictiva, sirve».
También ha participado en la jornada el inspector de hacienda y experto en prevención del blanqueo José María Peláez, quien ha asegurado que «no hay voluntad política internacional para adoptar medidas eficaces» en contra del blanqueo de capitales y de la utilización de paraísos fiscales.
Ha señalado las dificultades de las investigaciones en casos de corrupción, cuando es necesario obtener información de paraísos fiscales y «los jueces van dando manotazos». Según Peláez, las empresas del Ibex-35, en 2009 tenían 272 entidades en 14 paraísos fiscales, cifra que en 2015 había aumentado a 969, sobre todo en Delaware, Países Bajos e Irlanda.
Entre las medidas que propone figuran que se realice un lista de paraísos fiscales que incluya a todos los que no facilitan información, que no se reconozca la personalidad jurídica a las sociedades «off-shore» constituidas en paraísos y obligar a entidades financieras con sucursales en paraísos a dar la información o bien obligarlas a no operar en ellos.
Establecer un impuesto sobre los movimientos de fondos, perseguir penalmente a los profesionales que ofrezcan productos para blanquear y a los bancos que ofrezcan productos para blanquear dinero, prohibir que empresas que operen en paraísos contraten con la administración y fomentar el pago a confidentes y su protección son otras de las propuestas del especialista para combatir el blanqueo.
El expresidente del Club Siglo XXI Gerardo Seeliger ha señalado en su intervención que las tres grandes áreas donde hay mayor corrupción a nivel internacional son las infraestructuras, el deporte y el armamento. Cree que en el caso del deporte, la corrupción es fruto de la intersección entre dinero, ignorancia y vanidad.
Para evitarlo ha reclamado controles más estrictos y publicados, transparencia en las actividades de las federaciones internacionales, que se fijen penas ejemplares, que la prensa juegue un papel importante de divulgación, que la administración apueste por la cultura de la legalidad y las empresas den ejemplo.
La inspectora jefe de la Unidad Central de Coordinación en Materia de Delitos contra Hacienda, Caridad Mourelo, ha asegurado que el derecho penal económico «requiere una respuesta que hoy por hoy no tiene», si bien en España han ido entrando en vigor importantes medidas antifraude, entre ellas la obligación de información de bienes en el extranjero.
Por su parte, el exfiscal Anticorrupción y ahora abogado y asesor fiscal Pedro Horrach, organizador del acto, ha explicado que cuando ejercía de acusador público le tocaba «actuar sobre cosas que ya estaban destruidas, ya no había nada que hacer y no había posibilidad de recomponer la situación».
«Al cambiar mi trayectoria vital, de algo que estoy orgulloso es de poder actuar a prevención y tomar medias para llevar a la gente a evitar problemas futuros y a concienciar sobre la necesidad de adoptar medida de control que ayuden a personas y empresas a no tener problemas en el futuro», ha asegurado.
3 comentarios
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Un plan de prevención delictiva en las empresas,en la política, en la banca,en los ayuntamientos, en la política que se vende a la banca y las empresas........¿hay que supervisar las leyes que hacen los políticos (sobre todo con mayoría absoluta) y benefician a determinadas empresas,bancos,personas........?.Y para hacer esto necesitamos que los políticos aprueben una ley que lo permita...........y nunca lo van a hacer. Creo que los jueces (la justicia) debería detectar los desmanes de los políticos antes que las leyes entren en vigor,ese sería,en mi opinión,el mejor plan de prevención delictivo.
Y luego se extrañan de los atrasos en los juzgados.
Un juez de la A N no debería participar en actos, conferencias y saraos auspiciados por empresas privadas. Sobra decir el por qué.....