Momento en que una de las detenidas es llevada ante el juez. | Alejandro Sepúlveda

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La Guardia Civil da por desarticulada la organización que ha estafado más de 50 millones de euros a hoteleros de Mallorca interponiendo reclamaciones por falsas intoxicaciones de turistas.

En las dos fases de la ?operación Claims? han sido arrestadas siete personas. Este jueves cinco de ellas fueron trasladadas a los juzgados de Vía Alemania, para prestar declaración ante el juez. A su término, todos ellos quedaron en libertad provisional con cargos y el titular del juzgado de Instrucción número 7 adoptó como medida cautelar la retirada del pasaporte para Laura Cameron, una conocida empresaria británica de Calvià que supuestamente es la cabecilla de la trama. La mujer, al igual que su madre, que también fue arrestada el martes, ha negado este extremo.

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El coronel jefe de la Guardia Civil, Jaume Barceló, que este jueves ofreció una rueda de prensa junto a María Salom, la delegada del Gobierno, explicó que es probable que la operación tenga repercusiones en el Reino Unido, donde existe un entramado responsable de la gestión de las reclamaciones. Barceló añadió que la banda había ocasionado «un gran perjuicio al sector hotelero». El coronel subrayó que la investigación está bajo secreto sumarial y que «el verdadero trabajo empieza con la investigación judicial» La organización llevaba a cabo su actividad principalmente en Mallorca, donde el fraude ha sido cifrado por los empresarios hoteleros en unos 50 millones de euros, pero también actuaba en otras zonas turísticas españolas donde la estafa podría sumar otros 10 millones de euros.

La delegada del Gobierno, por su parte, celebró el éxito de la operación llevada a cabo el martes y que, según relató, es el fruto de la colaboración entre la Guardia Civil, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y el gobierno británico, cuyo embajador en España, Simon Manley, visitó la Isla en abril para abordar el tema.
En paralelo, se inició una campaña en el Reino Unido advirtiendo a los turistas de que podrían cometer un delito si denunciaban intoxicaciones alimentarias que realmente nunca habían ocurrido.

En 2015, según los datos facilitados por la delegada del Gobierno, 160 turistas británicos interpusieron demandas por haber enfermado debido a comida en mal estado durante sus vacaciones en Mallorca y exigieron un total 3 millones de libras como compensación. Al año siguiente se formalizaron casi 400 reclamaciones que sumaban 8 millones de libras. Para captar a los turistas, la red utilizaba un «ejército» de tiqueteros que los abordaba en sus hoteles de Alcúdia y Calvià.