El techo de gasto no financiero ha sido aprobado con 31 votos a favor (PSIB, MÉS y Podemos) y 25 en contra (PP, Ciudadanos y el PI), y una abstención.
En total, las arcas públicas de las islas contarán en 2018 con 451 millones de euros más, de los cuales solo 250 se podrán aplicar en políticas públicas directas debido a la «estricta» regla de gasto impuesta por el Gobierno central, fijada para el próximo año en el 2,4 % del PIB.
En las restricciones de Madrid y la necesidad de que se flexibilicen ha incidido la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, durante su intervención en el pleno del Parlament para defender el techo de gasto.
Cladera ha destacado que por primera vez se superan los 4.000 millones de euros, en lo que supone «una cantidad histórica» que resulta clave para continuar con las políticas de cambio que pretender implantar el Govern, que elabora «los mejores presupuestos posibles».
La consellera ha defendido que el Ejecutivo balear ha hecho una «buena gestión» hasta ahora gracias en parte al ciclo económico favorable, mientras aumentan los ingresos por recaptación de impuestos propios (55 millones más), cedidos (124 más) y por el sistema de financiación (250 millones más).
Ha insistido en que están cumpliendo con sus compromisos con la ciudadanía y con las obligaciones en materia financiera, mientras se prevé iniciar el camino hacia la reducción efectiva de la deuda de Baleares, una vez estabilizada.
Ha reiterado la necesidad de que el Estado condone parte de la deuda, en atención a la infrafinanciación de Baleares, y ha pedido más autogestión de los recursos propios.
Cladera ha solicitado la colaboración de los grupos parlamentarios, en especial los de la oposición con representación en Madrid para avanzar en las negociaciones del Régimen Especial de Baleares (REB) -para lo que mañana habrá un encuentro en Madrid-, en el nuevo modelo de financiación autonómica, el fondo de insularidad y un IVA reducido.
El Ejecutivo balear no renunciará a un euro del convenio de carreteras con el Gobierno, ha dicho Cladera, quien ha negado que Baleares tenga la más alta presión fiscal del Estado.
En este sentido, el diputado del PP Antoni Camps ha aludido a un informe que indica que el archipiélago balear tiene la fiscalidad más alta. Además, ha criticado el techo de gasto expansivo, ya que «cuando se acaben los ingresos no se podrá pagar» y ha defendido la regla de gasto del Gobierno que, en su opinión, ha ayudado a lograr la estabilidad presupuestaria.
El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Xavier Pericay, ha justificado su voto en contra en que el Govern elabora unos presupuestos expansivos, con una mayor presión fiscal y que no incluyen una rebaja de impuestos para las clases trabajadoras, aunque ha expresado el apoyo de su grupo a las reivindicaciones ante Madrid.
El portavoz del PI, Jaume Font, ha criticado que no se hace nada por hacer de Baleares una tierra más sostenible y ha incidido en que la subida del impuesto turístico afectará al turismo familiar, por lo que advertido que se está «jugando con nitroglicerina que puede explotar en las manos».
El diputado de Podemos Carlos Saura ha expresado su apoyo al Govern en las reivindicaciones ante Madrid, pero ha criticado la escasez de políticas en contra de la masificación turística, y al Ejecutivo central del PP por poner «obstáculos» con la regla de gasto.
El portavoz del PSIB en el Parlament, Andreu Alcover, ha incidido en las limitaciones estatales al gasto autonómico, ya que establece una «senda durísima para llegar al equilibrio», y que el PP no cumplió cuando gobernaba en Baleares, según ha criticado.
En el mismo sentido se ha expresado el diputado de MÉS per Mallorca Toni Reus, quien ha resaltado el «aumento considerable» del 6,4 % del techo de gasto que permitirá la mejora de los servicios públicos y contribuirá a «mejorar la calidad de vida» de la ciudadanía de las islas.
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