La cámara ha aprobado con 54 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención esta petición que forma parte de una proposición no de ley sobre independencia judicial del grupo parlamentario Podemos.
También han aprobado instar al Gobierno central a auditar los recursos del sistema judicial; e instar al Gobierno a reformar la Fiscalía para dotarla de autonomía respecto al poder ejecutivo.
Las propuestas de derogar la llamada Ley Mordaza y la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lec) que acorta los plazos de instrucción ha contado con 34 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones.
También se ha aprobado -con 20 votos a favor, 19 en contra y 17 abstenciones- una enmienda propuesta por MÉS per Menorca en rechazo de que «por el referéndum catalán se persiga el ejercicio de los derechos fundamentales como la libertad de expresión, de información y de reunión pacífica» y que insta al Gobierno a «dejar de instrumentalizar a la Fiscalía para afrontar conflictos de naturaleza política».
En la defensa de la proposición no de ley, el diputado de Podemos Carlos Saura ha criticado una Justicia en la que «se condena a más de 3 años» de prisión a una persona «por escribir una canción mientras al yerno del rey no se le mete en la cárcel inmediatamente» tras la condena de Iñaki Urdangarin por el caso Nóos.
Saura ha acusado al PP de «usar la Justicia para perseguir a rivales políticos», de protagonizar «una intromisión constante en la justicia» y de «connivencia con los corruptos». Ha pedido que se reforme la ley que acorta los plazos de investigación porque obstaculiza la acción de la Justicia y que se cambie el modelo de elección del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ).
El diputado popular Juan Manuel Lafuente ha acusado al grupo parlamentario Podemos de incoherencia por quejarse de la falta de independencia de los fiscales cuando «no se quejaron del cese del jefe de la Abogacía de la comunidad autónoma que sí es competencia de la cámara» legislativa balear.
Ha dicho que la mayoría de cuestiones que plantea la proposición no de ley son de competencia estatal y ya están en marcha y ha puesto como ejemplos que el Gobierno ya ha anunciado reformas tanto de la Lec como del estatuto fiscal.
Lafuente ha asegurado que la propuesta demuestra la «auténtica cara política» de Podemos que es «decir una cosa y hacer la contraria».
La diputada socialista María José Camps ha dicho compartir el fondo de la propuesta, sobre la necesidad de promover una separación poderes real y el respeto a la independencia judicial, pero ha precisado que varios puntos suponen una injerencia en competencias estatales como pedir la comparecencia del ministro de Justicia o cambiar la Lec.
Margalida Capellà, de MÉS per Mallorca, ha dicho que España está a la cola en independencia judicial por un problema estructural que requiere cambios, ha manifestado preocupación por la saturación de los órganos judiciales y ha abogado por un cambio de criterios en los nombramientos de cargos judiciales para que sean objetivos y basados en su cualificación profesional.
«Falta una cultura jurídica de independencia judicial para legitimar la judicatura», ha asegurado.
Josep Melià, del PI, cree que «hay razones más que fundamentadas para replantear algunas cosas del sistema judicial español» cuando incluso el Consejo de Europa ha reprobado su politización.
Se ha mostrado de acuerdo con defender independencia judicial y el no nombramiento de fiscales en procedimientos en curso y con fijar reglas para garantizar la objetividad en la elección del CGPJ.
Durante el debate de la propuesta, los diputados de los distintos grupos han hecho referencia a la situación en Cataluña, con la convocatoria del referéndum del 1 de octubre.
Saura ha dicho que con la situación de Cataluña, la proposición no de ley cobra más vigencia y ha calificado el momento actual como «las horas más bajas de la democracia». Ha dicho que «el ataque a la democracia por el referéndum es una estrategia del PP de derribar las instituciones desde dentro».
«La represión en Cataluña es una manera autoritaria de gobernar», ha dicho Saura, que ha acusado al Gobierno de ser constitucionalista solo en relación con el artículo 2 sobre la indisolubilidad del estado español, y ha afirmado que la situación obliga a «elegir entre la democracia y Rajoy».
El portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, ha negado que estén amenazadas las libertades de expresión y de reunión: «La que está amenazada por parte de los sediciosos es la Constitución, es la ley y nuestra democracia», ha afirmado.
Capellà, de MÉS per Mallorca, ha dicho que «el derecho no basta» y que «se está intentando aplicar medidas jurídicas ordinarias a una situación extraordinaria».
Melià ha pedido un debate rico y plural sobre Cataluña y ha abogado por no intentar reducirlo porque «sí que hay medias tintas» y «es un conflicto político que se quiere llevar al callejón jurídico y judicial». «Requiere soluciones políticas, ni la vía unilateral de la Generalitat ni la únicamente jurídica del Gobierno llegarán a puerto», ha dicho.
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