Matthias Kühn se acoge a su derecho a no declarar sobre las supuestas obras ilegales en Tagomago

La defensa de Kühn, el exfiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, ha presentado en el juicio una serie de cuestiones previas, destacando que el empresario presentó al Ayuntamiento de Santa Eulària un proyecto para legalizar los trabajos en 2008, tras pedir también una licencia de obras. Según el letrado, su cliente nunca tuvo respuesta por parte del Consistorio.

«¿Cómo imputar un delito por infracción del territorio si ni el Ayuntamiento ha determinado la existencia de irregularidades urbanísticas?», se ha preguntado Horrach durante el juicio.

El letrado ha pedido la nulidad de la causa puesto que, a su parecer, «fue como una expedición de pesca, a ver si se encuentra algo». Así, ha explicado que la Conselleria de Medio Ambiente no determinó que existiera afectación ambiental tras las obras ejecutadas.

Horrach ha afirmado que todo el proceso se debe «sólo» a las ganas de «tener sentado a Kühn en el banquillo». También se ha cuestionado por qué el perito encargado de la investigación no se fijó en otras construcciones ilegales hechas en zonas ANEI, muy cercanas a Tagomago.

«Ha habido una actuación indiscriminada contra Kühn por una pasarela ya quitada y todo porque se llama Kühn», ha insistido el letrado, si bien la Fiscalía ha negado que el proceso se deba a una «caza de brujas» contra el alemán y la defensa ha pedido igualmente que prescriban los hechos.

La Fiscalía reclama para el alemán dos años de prisión, una sanción económica de 10.800 euros y la inhabilitación de cuatro años para desempeñar su trabajo como promotor. Asimismo, solicita para el responsable de ejecutar las obras, Guido Hecker, otros dos años de cárcel, una multa de 16.200 euros y la inhabilitación durante cinco años para ejercer como constructor.

Según Fiscalía, entre otras cosas, se construyó en la parte trasera de la mansión del islote un camino de piedra y cemento de unos 20 metros de largo. Además, el empresario construyó otro camino empedrado de unos 80 metros para unir la vivienda con el camino del faro y se aumentó la altura de algunas edificaciones.

La acusación pide que las obras sin licencia sean demolidas y se restituya el lugar a su estado original bajo la supervisión de servicios técnicos del Ayuntamientos de Santa Eulària y de la Conselleria de Medio Ambiente.