Una de las protestas llevadas a cabo en 2009 contra el catalán como requisito en la sanidad pública.

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Sólo el Govern apoya que el catalán sea un requisito para trabajar en la sanidad pública balear. Ninguna de las seis organizaciones sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de Sanidad votó este viernes a favor del proyecto de decreto por el cual se regula la capacitación lingüística del personal estatuario del IB-Salut.

Los representantes del Sindicato Médico de Balears (Simebal), el Sindicato de Enfermería SATSE, CCOO y CSI votaron en contra del proyecto de decreto, mientras que UGT y USAE optaron por la abstención. A pesar de la oposición sindical, la Administración piensa continuar adelante con la tramitación del decreto, que será remitido al Consell Consultiu y se someterá a exposición pública antes de ser aprobado por el Consell de Govern.

Las cuatro organizaciones que este viernes votaron en contra ya anunciaron, en la reunión de la mesa sectorial, que no descartan recurrir a la vía judicial para poder impugnar el decreto.

«Me hubiera gustado que los sindicatos apoyaran el proyecto de decreto», confesó el director general del IB-Salut, Juli Fuster, quien se mostró satisfecho de que, tras tres convocatorias, finalmente se hubiera podido reunir la mesa sectorial para hablar de esta cuestión. «Nosotros creemos que es un buen decreto y así lo seguiremos defendiendo», añadió Fuster.

Una opinión que no comparte el presidente del Simebal, Miguel Lázaro. «Van a tener muchos problemas para encontrar médicos», dijo Lázaro e incidió en que «se hubiera podido negociar una aplicación paulatina del catalán, pero no lo han querido hacer por presiones de Més». El secretario general del SATSE, Jorge Tera, afirmó: «Hoy es un día de tremenda tristeza, no han querido escuchar a la parte social ni han tenido en cuenta nuestras alegaciones». El representante del CSIF, Guillem Vila, insistió en que «el catalán debería ser un mérito y no un requisito» y en que «lo lógico es que se hubiera podido negociar su aplicación en distintas fases». Para CCOO el decreto «es discriminatorio tanto entre categorías profesionales como entre el personal sanitario y no sanitario dado los requisitos exigidos». La secretaria de Sanidad de UGT, Aurora Bonet, y la secretaria de SAE Balears, Xisca Galmés, explicaron que ambos sindicatos se abstuvieron porque aunque no están de acuerdo con el decreto entienden que es una decisión política.