Carlos Delgado es el segundo exconseller de Turisme de José Ramón Bauzá que tendrá que comparecer ante un juzgado de instrucción como querellado por unos hechos derivados de su gestión. | Joan Torres

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El exconseller de Turisme Carlos Delgado tendrá que comparecer como querellado ante una juez por la adjudicación del club de vela de Calanova en 2013. Junto a él también declararán el exdirector general, Joaquín Legaza; el socio del despacho de abogados de Delgado, Carlos Gelabert; y los actuales administradores del puerto. Las comparecencias se producen a raíz de la querella que interpuso la sociedad Portals Night SL por supuestas irregularidades en el contrato. A esta querella se acumularon las diligencias previas que había abierto la Fiscalía Anticorrupción.

Este llamamiento como querellado equivale a todos los efectos prácticos a una citación como investigado.

Delgado es el segundo exconseller de los antiguos gobiernos de José Ramón Bauzá que comparecerá como querellado en un juzgado por unos hechos derivado de su gestión. Ya lo hizo su sustituto como conseller de Turisme, Jaime Martínez en el ‘caso Rocamar'. Delgado ya estuvo investigado en el ‘caso Radio Calvià' que fue archivado por los tribunales sin que siquiera llegara a prestar declaración.

En la causa se investigan posibles irregularidades en la adjudicación a partir de que el actual socio del despacho de Delgado interviniera en el proceso como administrador de la empresa que ganó el concurso, Olimpic Calanova SL. La jefa del departamento jurídico de Ports declaró ante la Fiscalía que se permitió a esa empresa presentarse con una oferta que fue considerada temeraria económicamente por los técnicos. Además apuntó a otro vicio que señaló que era «insalvable» como que se autorizó una redistribución de amarres que permitía incluir embarcaciones de más de 25 metros de eslora, algo que no constaba en los pliegos y que permitía aumentar la rentabilidad de la explotación.

En la denuncia presentada en el juzgado también se han puesto de manifiesto supuestas irregularidades en torno a las sucesivas ampliaciones de capital de la adjudicataria. Estas incorporaciones económicas implicaron un cambio en el accionariado del que no se informó a Ports. En torno al proceso de adjudicación de Calanova hay también pendiente de resolución un recurso contencioso administrativo que presentó una de las empresas que perdió el concurso.

Delgado ha defendido la legalidad del concurso y atribuye la denuncia presentada contra él a una venganza. La sociedad que tiene actualmente la concesión, en la misma línea, se ha desmarcado de cualquier irregularidad de su antiguo socio y atribuye la denuncia a un conflicto con la empresa que se ha querellado por la titularidad del restaurante del puerto.