La ley endurece la disciplina y sanciones en el suelo rústico, que «no prescriben nunca», es decir, si un consell o un ayuntamiento ordenan la demolición de un inmueble o una urbanización jamás prescribirá esta exigencia.
«La espada de Damocles estará de por vida», ha señalado el diputado socialista Damià Borràs, que ha destacado que los ayuntamientos dispondrán de más agilidad para la modificación puntual de sus planes generales de ordenación urbana.
La ley supone una modificación del 40 % de «la ley Company» aprobada en la pasada legislatura por el PP, por lo que se «paralizan los aspectos más permisivos y perniciosos» de la misma, ha señalado Borràs.
Por su parte, Oliver ha destacado que la nueva ley ha sido debatida con entidades y colegios profesionales, asociaciones ciudadanas y partidos para lograr el máximo consenso, al tiempo que ha mantenido que «el territorio es el mayor activo que tenemos».
La ley de urbanismo será aprobada con el voto de los partidos que apoyan la gestión del Govern balear.
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