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El 79 por ciento de los casos de desahucios que han llegado hasta el mes de octubre a la Oficina Antidesahucios del Ayuntamiento de Palma están vinculados al impago del alquiler.

La oficina, que además actúa como intermediario entre el inquilino y el banco o el propietario para negociar ante una situación de impago, ofrece también apoyo para la búsqueda de una nueva vivienda. No obstante, «ahora mismo ya no encontramos viviendas ni de 800 euros», asegura la coordinadora Marga Cladera, quien confirma que «los alquileres están muy altos, también fuera de Palma».

En estos momentos, el Ayuntamiento de Palma tampoco dispone de viviendas vacías para el alquiler social. La Oficina Antidesahucios hace un seguimiento de las páginas de anuncios de alquiler para poder ofrecer alternativas a las personas que les visitan solicitando ayuda. «Los alquileres actuales están por encima de los 1.000 euros. Son inviables y todo se alquila. Esto nos lleva a estimar que 1 de 10 familias no podrán pagar el alquiler y se seguirán dando nuevos casos de desahucios. O suben los sueldos o bajan los alquileres».

Desde la Oficina Antidesahucios, Cladera recomienda que «cuando no puedan pagar un mes vengan porque tenemos más margen para negociar o incluso ofrecerle algún tipo de ayuda económica, si la deuda no es muy alta y antes de que llegue la orden judicial de desahucio. Cuando la deuda es muy grande también disponemos de abogado de oficio».

La situación de desahucios llega por impago pero también por finalización del contrato. «En el caso de los alquileres, hay muchos casos de desahucios que llegan porque el inquilino no abandona la casa porque no pueden o porque no encuentran una vivienda alternativa».

Viviendas vacías

En este sentido, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ángela Pons critica que «lo que hay es mucha vivienda vacía, fincas enteras, que los grandes tenedores no quieren convertir en alquiler social. Los bancos no dan su brazo a torcer».

Por su parte, desde la asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Baleares, José María Mir, asegura que existe una destacada «demanda de alquileres de 500-600 euros, pero no tenemos». Esta situación se da desde hace varios años, «el precio del alquiler ha subido en un año un 13,8 por cientos, un 30 en dos años». Mir subraya varias cuestiones: No hay vivienda social, poca construcción nueva y un aumento de la población en los últimos dos o tres años. «También apunta que se esperaba un aumento de la oferta tras la ley turística, pero los propietarios están a la espera de ver qué sucede con la normativa para decidir si se se pasan o no al alquiler de larga duración».

Ángela Pons lamenta que «no hayamos aprendido nada de la anterior burbuja inmobiliaria».