La consellera de Transparència Ruth Mateu dimitió como consecuencia de la firma de una serie de contratos menores con el agravante de que al menos en uno de ellos había indicios de que pudo producirse un fraccionamiento. | Joan Torres

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La crisis de los contratos de algunas conselleries de Més con el que fue su director de campaña no solo ha tenido consecuencias políticas; también ha provocado una sensible reducción de la firma de contratos menores en toda la Administración autonómica a tener de los datos que figuran en el Portal de Transparència del Govern.

Las cifras hablan por sí solas ya que, hasta esta semana, el Govern había firmado a lo largo de 2017 un 25 por ciento menos de contratos menores que en el mismo periodo de 2016. Este año han sido 1.620 frente a los 2.137 del año anterior durante el mismo periodo de tiempo.

La reducción comenzó a darse a partir de marzo, a raíz de la crisis de los contratos, ya que hasta ese mes, el número seguía en ascenso. No ha sido una caída radical sino un descenso paulatino a lo largo de los meses. En general, toda la contratación del Govern ha sufrido una desaceleración durante este año. Según los datos de la Plataforma de Contratación, se han firmado 2.672 contratos frente a los 3.208 del año pasado. Eso supone un descenso general del 16 por ciento, una cifra inferior a la que referida a los contratos menores.

Contratos necesarios
El Govern siempre ha defendido la práctica de los contratos menores, que en la mayor parte de los casos son muy útiles ya que permiten acelerar la contratación y la compra de material de primera necesidad, ya sea material de oficina para las distintas conselleries o elementos sanitarios, como gasas, pañales o mascarillas para los servicios del IB-Salut.

Sin embargo, los contratos menores se usan en ocasiones para hacer adjudicaciones directas a dedo, y esa es la circunstancia que se está investigando en el caso de los contratos a Jaume Garau, jefe de campaña de Més. La firma de varios contratos menores de varios departamentos de las conselleries de Transparència y Turisme ha provocado un rosario de dimisiones, empezando por la de la exconsellera Ruth Mateu y de prácticamente todo su equipo en la Conselleria. También tuvo como consecuencia la salida del Govern de Més per Menorca, partido que había propuesto a Mateu como consellera tras la dimisión previa de Esperança Camps por motivos personales.

A raíz de aquellas dimisiones, el Govern elaboró una norma específica de contratación, motivada también por un cambio de legislación estatal. No afectaba exactamente a los contratos menores, aunque está vinculado a ellos, sino a los que se conoce como contratos negociados sin publicidad.

Todos los contratos por un importe inferior a 60.000 euros, ya sea de compras de material o de encargos de estudio, no pueden formalizarse por la vía de contratos negociados sin publicidad. Ese es el mecanismo que empleó el departamento de Biel Barceló para contratar un estudio a Garau, contrato que además provocó la dimisión de Pere Muñoz al frente de la Agència de Turisme de les Illes Balears tras ser imputado por el juez.