Cartel pegado en la puerta del nuevo juzgado de lo Social número 5 de Palma. | Guillermo Esteban

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Esta semana ha entrado en funcionamiento el quinto juzgado de lo Social de Palma con cuya puesta en marcha se busca descongestionar una de las jurisdicciones que más problemas ha planteado en los últimos años con retrasos de alrededor de 14 meses para resolver asuntos. Se trata de uno de los tres juzgados nuevos que entrarán este inicio de año en funcionamiento en Balears. El próximo 31 de enero se pondrá en marcha el tercer juzgado de lo Mercantil, con competencia para todas las islas y también se pondrá en marcha en febrero un juzgado de Primera Instancia de nueva creación en Eivissa.

El caso de Social 5 es peculiar porque no se trata de un juzgado de nueva creación. Este órgano ya existía como juzgado de lo Penal 9 y se encargaba de ejecutar sentencias. Con el cambio de jurisdicción tendrá que terminar las ejecutorias que hasta ahora tenía abiertas y cambia de magistrado titular, si bien el nuevo responsable no asumirá los casos penales.

Los juzgados de lo Social han sido de los que más han notado el impacto de la crisis económica. En el año 2010 llegaron a registrar 6.258 asuntos. Desde entonces, el número de causas que les entran ha disminuido de forma paulatina hasta 4.652 en 2016. Sin embargo esa cantidad todavía es un 142 por ciento de la carga que debería tener un juzgado de media y en 2017 el ritmo de nuevas demandas que tienen que resolver volvió a ser de un 124 por ciento. De esta manera, los asuntos que cada uno de los cuatro juzgados tiene pendientes es de 1.677, cuando la media nacional de todos los juzgados está en las 690 causas pendientes. De ahí, que la creación de un nuevo juzgado fuera una prioridad ya que, los sucesivos refuerzos aplicados no han resuelto del todo el atasco.