Por un lado, al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía se le pedía que aclarara si algún funcionario, de las consellerias de Cultura o de Turisme, hizo una advertencia de que se cometía una posible ilegalidad en la supuesta fragmentación de contratos a las empresas de Jaume Garau. La respuesta es negativa. Las adjudicaciones se tramitaron por el procedimiento negociado sin publicidad en razón de su importe pero sin informes contrarios. A Hacienda se le pedía que cruzara los datos entre las distintas empresas que habían obtenido esos contratos para comprobar posibles vínculos con Garau. El resultado es también negativo. Hacienda no ha detectado que otras empresas invitadas o adjudicatarias compartieran accionistas con Regio Plus y CpC.
Tanto en las adjudicaciones de la Conselleria de Cultura como en las de la Agencia de Turismo de Balears, por un lado se encargaron los trabajos de campo para realizar sendas encuestas y, por el otro, el análisis de los datos. Las entrevistas las hicieron dos empresas que no pertenecen a Garau: Pysma y MTR y los datos fueron procesados por el exjefe de campaña de Més a través de dos sociedades. La querella sospecha que las primeras empresas fueron invitadas por indicación del empresario afín a Més y quería aclarar cuáles eran los vínculos. Anticorrupción pidió a la Agencia Tributaria que informara sobre los socios, accionistas, administradores y apoderados de un total de nueve sociedades que intervinieron en alguna fase de los concursos.
La elaboración de estos dos informes es lo que ha mantenido la causa paralizada desde que se admitió la querella a trámite el pasado mes de octubre hasta que esta semana el juez ha fijado la comparecencia de los querellados por el ministerio público encabezados por la exconsellera de Cultura, Ruth Mateu y que tendrán que declarar el próximo mes de abril.
11 comentarios
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això és la "màquina del fango"... no tots són iguals! utilitzen les mateixes maneres que la màfia a Italia, així com hem despertat i hem dit basta de masclisme, també hauriem de dir, basta de mafiosos i de mitjans de comunicació comprats per aquests
El gobierno del PP funciona exactamente igual que el gobierno bolivariano de Maduro, es decir, democracias corruptas con un pié siempre dentro de la muerda.
Bueno, pues ahora todos los que han acusado falsamente que respondan, que no se vayan de rositas.
Si recordau les denúncies falses d'en Delgado a Calvià, hi trobareu la mateixa estratègia. La Justícia espanyola al servei del PP i de la dreta. I així és com guanyen les eleccions. Si no és una dictadura, s'hi assembla molt
O sigui, se va destapant que això no és més que una altra maniobra del PP amb l'ajuda de la fiscalia ("a las órdenes) per embrutar l'acció de Govern i el bon nom de MÉS.. Recordau la falsa denúncia del PP de fa un parell d'anys per la compra dels trens on el PP va amagar documentació al jutge? Idò això.
Reeesss trobaran, no tots son com es de ses camises amb so jersey penjant pes coll.
Aquest sistema de contractes menors, el va establir el PP per agilitzar aquesta classe de serveis, (que s'eternitzen fins a la sacietat en alguns casos). Jo no veig ni crec que es obrés amb il·legalitat en cap moment, només ha estat els rabiosos del PP buscant-li puces a un ca sense pèl. Podeu estar ben tranquils, si pel que sigui torna el PP al Govern, no podran gastar un cèntim, ni realitzar cap tipus de contracte menor, sense ser investigats i que es torni a eternitzar de nou el sistema. Gràcies a ells mateixos.
Si los funcionarios, a los que nunca pasa nada, detectaran o firmaran los informes de disconformidad no se habría llegado al caso Palma-Arena, por ejemplo, por qué será que en ningún caso de corrupción lo han detectado o han informado en contra los funcionarios? Acaso será por miedo? No hemos leído estos días que ni caso al interventor de Palma? No han cesado a la interventora del Consell por poner pegas? Hasta que en los casos de corrupción detectados y probados no se imputen y apliquen el código penal a los funcionarios, éstos seguirán sin detectar nada.
No son " avisos", son visos de ilegalidad.
QUIN DESASTRE DE JUSTICIA?