La abogada de la Comunidad Autónoma de Baleares, María Ángeles Berrocal, ha defendido este miércoles que «hay malversación en todos los negocios que se concluyeron con el señor Urdangarin y Torres y su entramado» en las islas, en los que el expresidente Jaume Matas actuó «extramuros» al consentir el delito.
Lo ha dicho en su exposición ante el Tribunal Supremo del recurso que presentó la Comunidad contra la sentencia de la Audiencia de Palma del caso Nóos, en el que pide que se eleve la pena del exduque de Palma Iñaki Urdangarin de 6 años y 3 meses a 9 años y 7 meses, y reclama que devuelvan 2,6 millones de euros públicos de los convenios firmados por el Instituto Nóos en Baleares.
Berrocal ha defendido que desde la Comunidad deben «velar por el dinero público», pero «mucho más cuando se comete por quien es garante de los fondos», en referencia al expresidente Matas, para quien pide que se eleve en un año su pena hasta los 4 años y 8 meses de cárcel.
«Entendemos -ha insistido- que ni un solo euro de dinero público puede quedar sin justificación», lo que no ocurrió en los convenios firmados entre Nóos y la Comunidad balear para patrocinar el equipo Banesto de ciclismo y celebrar dos foros de turismo y deporte.
La abogada ha recordado que en el caso del equipo ciclista, Matas confesó que le dio la oficina de seguimiento a Urdangarin como, «en palabras de Matas, una comisión o algo así» a cambio de haberle conseguido el patrocinio del Banesto.
«Aquí Matas ha confesado que le dio los negocios al señor Urdangarin porque le parecía conveniente por ser quien es. Eso no es una frase de esta letrada, está en los hechos probados», ha enfatizado Berrocal, para quien «el garante de los fondos públicos se sitúa extramuros de lo que debería ser la función de un presidente de una comunidad autónoma».
Además, ha dicho que cuando el juez instructor pidió información a la Comunidad sobre los convenios con Nóos no se encontró ningún documento. «No había un solo papel, señorías, ni uno».
Por ello, cree Berrocal que la actuación de Urdangarin y de su exsocio Diego Torres es constitutiva de un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con prevaricación y falsedad, y pide por ellos 6 años de prisión, lo que aumentaría la pena del exduque de Palma en 3 años y 4 meses.
Por su parte, la Abogacía de la Comunidad Valenciana ha reprochado que la sentencia vulnere «el derecho a la igualdad» puesto que «con convenios iguales llega a conclusiones distintas y en Valencia considera que no hay delitos y en Baleares sí».
Se ha referido así a los tres convenios entre la Generalitat y los gestores del Instituto Nóos, Iñaki Urdangarin y Diego Torres, que eran «nulos por causa de delito» y ha señalado que existe un «error palmario de la sentencia» que no reconoce que la Generalitat valenciana aportó más de 600 millones de euros (el 80 % de su presupuesto, según el letrado) a la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
La sentencia de la Audiencia de Palma absolvió a los cinco acusados de la rama valenciana de Nóos, entre ellos, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, mientras que condenó a los encausados de la balear, que en el juicio admitieron los delitos que les atribuían.
Por esto, el abogado de la Comunidad Valenciana Miguel Ángel Cervera cree que hay «desigualdad para condenar en un lado y absolver en otro» y que la «sentencia no puede minusvalorar la esencia de los hechos"
Por su parte, la Abogacía del Estado ha pedido que se practique «una nueva liquidación que eleve las cuotas pertinentes» en relación al fraude fiscal cometido por Urdangarin y Torres y que «no se admitan las facturas que no tienen relación económica con Iñaki».
Lo ha dicho en relación a las facturas de la empresa Lobby Comunicación, que «son enteramente imputables a Torres» y ha solicitado que solo se le deduzcan a él.
También ha pedido que se rectifique «la responsabilidad civil derivada delitos contra Hacienda Pública y también la responsabilidad a título lucrativo de Ana Tejeiro (mujer de Torres) como de Cristina de Borbón».
La Abogacía cifró el fraude fiscal cometido por Urdangarin en 327.105 euros en 2007 y 2008 y el de Torres en 380.772 euros; sin embargo, la sentencia consideró que defraudaron a Hacienda 256.276 en caso del primero y 344.768 el segundo.
Por eso, ha considerado la letrada Dolores Ripoll que, al tener en cuenta sus cálculos, «la pena debería elevarse», en el caso de Urdangarin en 10 meses más de prisión.
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