El Govern balear y los sindicatos pondrán «toda la carne en el asador» para que los 23.000 funcionarios de la administración autonómica cobren este año la carrera profesional, ante la posibilidad de que este complemento profesional sea recurrido por el ejecutivo central del PP ante el Tribunal Constitucional (TC).
Tanto la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, como los representantes sindicales presentes en la reunión que han mantenido este miércoles han acusado al Gobierno central de presionar a las comunidades autonómicas que no son del PP para que los socialistas apoyen la aprobación en el Congreso de los presupuestos generales del Estado de 2018.
Este año, el Govern balear pagará 128 millones de euros a sus empleados públicos en concepto de carrera profesional, una cantidad que podrían dejar de percibir si finalmente el Gobierno central presenta un recurso contra los presupuestos autonómicos de 2018 al entender que la comunidad autónoma ha sobrepasado su límite de gasto.
En declaraciones a los periodistas, Cladera ha dicho que lo que «sospechamos» es que se está empleando este asunto para que salgan adelante los presupuestos generales del Estado, lo que es «intolerable».
Cladera ha subrayado que durante estos últimos pasados años el Govern del Pacto ha ido pagando la carrera profesional y «hasta ahora el Gobierno no había dicho nada».
«Estamos tranquilos porque la comunidad autónoma está haciendo las cosas bien, con unos buenos resultados de sus cuentas públicas y defenderemos el pago de la carrera profesional», ha sostenido.
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