El periodo medio de pago (PMP) de febrero está «muy por debajo» del plazo legal exigido de 30 días, según el último de la Intervención General de la Comunidad Autónoma.
Esta cifra beneficia a las empresas que contratan con el Govern, que en este segundo mes del año han visto cómo se ha reducido el PMP desde los 27,77 días del repunte que se produjo en el mes de enero a los 12,79 días de febrero.
La cifra de febrero supone un mínimo histórico de este indicador, por debajo del anterior registrado en diciembre pasado de 17,86 días.
Baleares ha conseguido este acortamiento hasta situarse en el plazo más corto de la serie histórica del período de demora de pago de las facturas, después de mantener una línea de contención de este indicador por debajo del nivel máximo de morosidad de 30 días, como ya ocurrió durante 10 de los 12 meses del año pasado.
El Govern ha destacado que ha conseguido «enderezar» el PMP tras los más de 60 días de media de pago 2015 y de 2016.
En febrero de este año, el PMP de facturas a proveedores relacionadas con el sector de la sanidad se redujo a 15,03 días; en el ámbito de la educación se ha situado en -7,61 días el plazo de pago, es decir, antes del inicio del período legal; y las facturas de servicios sociales en -0,94 días.
El resto de facturas del Govern y del sector público instrumental con los proveedores se han abonado a 14,84 días, según los datos de la Intervención General.
La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha valorado el nuevo registro del PMP porque «da continuidad a la línea de contención y reducción de este indicador que se ha ido consiguiendo» a lo largo de esta legislatura.
«Es un hecho positivo que también refleja la mejora en la gestión, genera confianza en la administración autonómica y revierte en las empresas que prestan servicios al Govern», ha señalado Cladera.
Además de este dato positivo, Cladera ha recordado que la comunidad balear cerró 2017 con un superávit del 0,2 % , lo que permitirá reducir la deuda de la CAIB por primera vez en términos absolutos: 180 millones de euros en 2018.
A esto hay que añadir que el presupuesto en políticas sociales ha crecido de forma progresiva un 20,3 % en los tres últimos ejercicios.
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