Los enfermeros distribuirán material en todos los centros sanitarios que recordará que «los problemas y carencias que pueden llegar a sufrir pacientes y familiares no son responsabilidad del profesional». | SATSE

TW
5

El sindicato sanitario SATSE lamenta los datos de agresiones a profesionales en su ámbito laboral, que según informaciones del IB-salut recopiladas por el Sindicato de Enfermería arrojan un total de 384 casos, con un importante repunte de las agresiones físicas.

En concreto, de las cerca de 400 agresiones sufridas por los trabajadores de la sanidad balear el año pasado, 56 tuvieron un componente físico, algo que representa un incremento del 43 por ciento con respecto al año anterior.

Por este motivo, desde el sindicato han lanzado la campaña 'Stop agresiones. Nada justifica una agresión', cuyo objetivo es «concienciar sobre este grave problema que ha crecido en los últimos años. Se está produciendo un incremento de los actos violentos dirigidos contra profesionales de la sanidad en el ejercicio de sus funciones», que se constata con cifras.

Así, en 2014 se registraron 45 agresiones físicas de un total de 383, en el 2015 fueron 36 de las 375 referidas y un año más tarde, en 2016, se batió el récord de agresiones, 427, de las que 39 fueron físicas.

Por categorías, los enfermeros son los que más agresiones físicas y verbales sufrieron en 2017 con una tercera parte del total, seguidos de los facultativos con 109 y los auxiliares de enfermería, que sufrieron 75 agresiones; un fenómeno más frecuente en la Atención Primaria de Mallorca, con una destacada relevancia, además, de Son Espases.

Por ello, los enfermeros distribuirán material informativo en todos los centros sanitarios que recordará que «los problemas y carencias que pueden llegar a sufrir pacientes y familiares no son responsabilidad del profesional, el cual también los sufre y hace todo lo posible para que no se vea afectada la calidad de la atención sanitaria».

Asimismo, el Sindicato de Enfermería destaca la importancia de aumentar la formación de los profesionales para afrontar situaciones conflictivas, desarrollar protocolos de actuación ante agresiones que no se queden en el papel, o continuar con la implantación de actuaciones disuasorias, como la instalación de timbres en las plantas, así como investigar en cada caso qué ha podido generar que un ciudadano agreda a un profesional mientras le atiende.