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La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha acusado este jueves a la Delegación del Gobierno de «buscar polémicas donde no las hay» en relación con el recurso planteado por la Abogacía del Estado contra el Ayuntamiento de Pollença por las subvenciones a las empresas que utilicen solo el catalán en rótulos.

«Esta tierra siempre ha convivido a la perfección entre las dos lenguas cooficiales de la comunidad autónoma», ha defendido Armengol en declaraciones a los medios durante la visita a una bodega para presentar el ciclo superior de Formación Profesional de Vitivinicultura que se empezará a impartir el curso que viene.

«Las lenguas son elementos vehiculares propios de la identidad y además sirven para construir y cohesionar socialmente una tierra como la nuestra», ha dicho Armengol.

«Me parece lamentable que en esta guerra entre Ciudadanos y PP desenfrenada, se busque utilizar las Administración del Estado para ir en contra de normativas que se han hecho siempre en estas islas y que parten del consenso también con el PP».

Ha recordado que la Ley de Normalización Lingüística vigente en las islas se aprobó en la época en que gobernaba en las islas el PP, con Gabriel Cañellas como presidente y ha subrayado que las ayudas como las ahora recurridas «se daban exactamente igual con gobiernos del PP en Pollença».

Según la presidenta balear, en el recurso «se ve demasiado clara la intencionalidad que hay detrás de todo esto». «A mí no me encontrarán nunca en la discusión, ni en el enfrentamiento, ni en la crispación y muchos menos en utilizar las lenguas para dividir», ha añadido.

Armengol ha asegurado que «desgraciadamente, el PP de Company hereda lo peor del PP del señor Bauzà"
Ha añadido que, además de «utilizar las lenguas para dividir, enfrentar y para crispar», el recurso planteado por la Abogacía del Estado supone además «utilizar los recursos públicos de los ciudadanos, también de estas islas, para ir en contra de la propia ciudadanía de Baleares». «Es absolutamente decepcionante», ha afirmado.

Armengol ha dicho estar también «radicalmente en contra de la posición de la Delegación del Gobierno y de Maria Salom» en relación con el complemento de carrera profesional cuyo pago ha recurrido la Administración central.
Según la presidenta balear, que la Delegación del Gobierno en las islas haya impugnado esa mejora de las condiciones salariales de los funcionarios «demuestra que, superada la crisis económica, hay quienes no quieren que sea en beneficio de los trabajadores públicos de la comunidad autónoma».