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El Consell de Mallorca ha aprobado por unanimidad una moción presentada este lunes en un pleno extraordinario por todos los grupos de la institución, PP incluido, a favor del pago de la carrera profesional.

Según palabras del presidente de la administración insular, Miquel Ensenyat, este es uno de los derechos de los trabajadores que «la Delegación del Gobierno de Rajoy ha impugnado».

Así, todos los grupos del Consell piden que se retire el recurso de la Abogacía del Estado contra este complemento del personal público, que ha quedado suspendido desde que se interpuso.

Cabe recordar que la delegada del Gobierno en Baleares, Maria Salom, dijo el pasado viernes que la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha «sobredimensionado» el nacionalismo y el catalán en Baleares e insistió en que su obligación es «hacer cumplir la ley», tanto en materia de política lingüística como en otras cuestiones como la carrera profesional.

Salom incidió en que estas cuestiones cobran mayor relevancia en estos momentos debido al «lío monumental» formado por MÉS. «Han intentado elevar estos temas para desviar la atención», ha añadido.

Por otro lado, el Consell de Mallorca ha aprobado este lunes su plan económico-financiero con 10,5 millones menos. Esto viene marcado por el incumplimiento de la regla de gasto.

Según han explicado, el incumplimiento ha sido de 8,2 millones de euros pero este hecho obliga al Consell a reajustar el presupuesto con una disminución de 10,5 millones de euros en el ejercicio 2018.

El conseller de Economía y Hacienda, Cosme Bonet, ha asegurado que no van «a dejar de hacer ningún proyecto» de los que están programado. «Los ayuntamientos seguirán recibiendo este año 38 millones de euros y el presupuesto del Consell seguirá siendo el más social y municipalista de la historia», ha aseverado.

Asimismo, ha recordado que el Consell, «vista la injusticia que supone la regla de gasto», ya rechazó esta regla «pidiendo su eliminación».

Por otro lado, la institución también ha solicitado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que se aumente el techo de gasto ya que «la buena situación financiera de la institución insular acaba perjudicando».