La ley que en breve aprobará el Parlament asegura en su exposición de motivos que las actividades complementarias, como las agroestancias, son vías adecuadas para mejorar la viabilidad económica de muchas explotaciones agrarias, pero deben ir vinculadas al mantenimiento de una actividad preferente en materia agrícola. | Elena Ballestero

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Los agricultores de Baleares que quieran obtener ingresos complementarios por la vía de las agroestancias deberán comprar plazas turísticas, según establece el proyecto de ley agraria, en fase de tramitación parlamentaria. El artículo 98 del proyecto legislativo, uno de los que ha generado más polémica, señala que en este tipo de estancias se les aplicará la normativa turística, «incluida la aportación de plazas», lo que significa que deberán comprar para comercializar estancias.

El mismo proyecto establece la posibilidad de que los organismos gestores de la plazas «puedan establecer un precio específico reducido para esta modalidad». Ello indica que cada plaza de agroestancia estará más cerca de las 875 euros por plaza que cuesta adquirir una plaza de alquiler turístico en edificios plurifamiliares que de los 3.500 euros que cuesta una plaza de hotel.

Seis personas y seis meses

La propuesta que remitió el Consell de Govern al Parlament establece limitaciones a las agroestancias. No se podrán hacer durante todo el año, sino que solo podrán estar en funcionamiento durante seis meses. En paralelo, el texto limita el número de personas que podrá acoger cada explotación agraria: la propuesta del Govern habla de seis plazas por vivienda.

Es muy probable que esta cifra aumente en el transcurso de la tramitación parlamentaria de la ley, ya que todos los partidos de izquierdas parecen estar de acuerdo en que seis plazas es una cifra muy baja, por lo que muy probablemente aumentará a ocho o incluso a diez.

Todas las estancias deberán hacerse en la vivienda principal del titular de la explotación, si es una persona física, o del payés, en el caso de que el titular sea una persona jurídica. Las asociaciones agrarias tampoco están de acuerdo con esta disposición y piden que las estancias puedan desarrollarse en edificios ya construidos, pero que no sean la vivienda habitual.

«No es necesario que se encuentre en una zona declarada apta por los instrumentos de planeamiento, como tampoco es necesario el cumplimiento del certificado energético mínimo o que deba haber un único contrato de alojamiento», señala el proyecto de ley, en las únicas excepciones que se introducen al cumplimiento de la normativa turística. No estarán, por tanto, afectadas por la zonificación.

La legislación que se aprobará en breve señala que, en la coyuntura económica y social actual, las actividades complementarias ayudan a mejorar la viabilidad económica de las explotaciones, pero el Govern debe garantizar que el sector agrario se mantenga «vivo y activo» y se garantice la conservación del suelo.