«Invertiremos seis veces más en un año que nuestros predecesores en cuatro años de recortes y olvido de los servicios públicos», ha dicho Armengol, quien ha destacado que el próximo presupuesto para educación y formación superará los 1.000 millones euros, en el discurso con el que ha abierto en el Parlament el último debate del estado de la comunidad de la actual legislatura.
En el acuerdo de Podemos con el Govern para apoyar el techo de gasto para el presupuesto de 2019, pactaron destinar un mínimo de 5 millones de euros a reforzar la educación infantil de 0 a 3 años.
La presidenta ha contrapuesto el «despido de 1.000 profesores» la legislatura pasada con la contratación de «1.150 más» en la actual, así como la celebración de oposiciones que este año cubrirán 1.008 plazas para reducir la interinidad docente, y que se prevé que alcancen las 3.000 en 2020.
«Sabemos que la educación es la clave», ha asegurado.
Ha insistido en que el presupuesto de educación «era solo de 775 millones» el año que comenzó la legislatura y alcanzará los 1.000. Ha criticado que el anterior Govern destinó 10 millones de inversión en centros educativos en 4 años y el actual «ha invertido en tres años 44 millones».
UIB
También ha destacado el aumento del presupuesto de la Universidad de las Islas Baleares de un 17 %, que este año alcanzará el 25 % de subida, ha indicado, y la rebaja de las tasas universitarias.
«Esto es vacunarnos contra las crisis que puedan venir y fortalecernos con el conocimiento que garantiza un futuro de progreso», ha defendido.
Armengol ha puntualizado que al aumento hasta 6 millones del presupuesto para educación infantil hasta 3 años se suma una nueva ayuda de 600 euros para padres con niños de hasta 6 años, para pagar guarderías, actividades extraescolares y de verano, escuelas matutinas, cuidadores y clases de refuerzo. Deriva de la Ley de Familia.
La presidenta ha destacado que esta medida anunciada este martesrefuerza el modelo fiscal del Govern, que incluye 15 desgravaciones fiscales para las familias, y que ha supuesto la implantación esta legislatura del impuesto de turismo sostenible, que «aporta 120 millones para financiar políticas de vivienda, medio ambiente, abastecimiento y depuración de gua, mejora de la oferta turística y protección del patrimonio», ha defendido.
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