El presidente de 'Valores en Baleares', Juan José Tenorio, tras registra la denuncia. | Teresa Ayuga

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'Valores en Baleares' ha registrado este viernes una denuncia por un presunto delito de odio dirigida contra el coordinador de MÉS per Mallorca, Guillem Balboa, y el portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, por sus declaraciones «de carácter agresivo» en los medios de comunicación ante el anuncio de una nueva conferencia de Hazte Oír en Baleares.

El presidente de 'Valores en Baleares', Juan José Tenorio, ha explicado que el escrito presentado esta mañana en Fiscalía recoge «declaraciones concretas» de ambos políticos en los medios de comunicación.

A continuación, la asociación hace su valoración jurídica de los hechos y los pone a disposición de la Fiscalía para que valore si, a su criterio, existen indicios de delito, y posteriormente formule una querella.

Tenorio ha criticado que, tras anunciar la conferencia que se celebrará en noviembre, se ha vuelto «a repetir el patrón del año pasado». «Anunciamos que vamos a hacer un acto de la sociedad civil y los partidos políticos contrarios empiezan a lanzar amenazas e insultos», ha lamentado.

El presidente de la entidad acusa a Balboa y Jarabo de estar «buscando la respuesta de entidades y organizaciones violentas» vinculadas al movimiento LGTBI para «presionar para impedir que se hagan los actos».

También sostiene que Jarabo y Balboa están intentando «impedir» su derecho a la libertad de expresión y que sus declaraciones «ponen de manifiesto una hostilidad claramente conducente a la exaltación del odio hacia el diferente o disidente con las ideas propias».

«No podemos permitir que ciudadanos libres no puedan en noviembre organizar unos y asistir otros a una conferencia sobre la ideología de género y sus consecuencias en la sociedad sin ser puestos en la diana de los grupos organizados y violentos», ha defendido 'Valores en Baleares' en un comunicado.

Juan José Tenorio ha explicado que para la comisión de un delito no es necesario que las declaraciones sean «directas» sino que basta que sean «veladas» debido a la posición que ocupan Jarabo y Balboa.

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Además, ha argumentado que los dos cargos políticos están «amenazando con imponer sanciones cuando ni conocen los contenidos o el desarrollo» de lo que se hablará en la conferencia. Por ello, asegura que «entra dentro del terreno de las amenazas».

RECURRIR LA LEY BALEAR LGTBI ANTE EL CONSTITUCIONAL

Tenorio ha recordado que la visita del presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, «terminó con insultos y agresiones» que «hicieron casi imposible la realización del acto», una conferencia que finalmente se llevó a cabo «de mala manera en la calle» por las «amenazas que recibían las empresas» que accedían a la contratación de un local para albergar el acontecimiento.

Arsuaga se desplazó a Palma en mayo de 2017 invitado por la asociación para pronunciar una conferencia con el título '¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio?', con la que acusaba a varias administraciones --entre ellas el Govern-- de querer «imponer un modelo único de educación sexual a todos los alumnos y colegios lesionando los derechos de los niños».

La conferencia del presidente de Arsuaga en Palma, ciudad a la que Hazteoir no llevó su autobús, finalmente se celebró en la calle y terminó en 15 minutos después de que unos manifestantes irrumpieran con una pancarta y comenzara un enfrentamiento a gritos con los asistentes.

Tras recibir una denuncia de Ben Amics, el Govern abrió un expediente sancionador en aplicación de la ley balear sobre LGTBIfobia, del que dio traslado a Fiscalía por un posible delito de odio en las «expresiones en redes sociales» del presidente de 'Valores en Baleares'.

El Govern expuso a la Fiscalía expresiones difundidas en Facebook por el presidente de la asociación en mensajes haciendo publicidad del acto de Hazte Oír. Sin embargo, la Fiscalía archivó el caso al no apreciar indicios de delito.

Con todo, la vía administrativa continúa abierta. La propuesta de sanción se rebajó de 3.000 a unos 730 euros y Tenorio prevé recurrirla ante un la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Después, eso le abriría el camino, como ciudadano «directamente afectado», a recurrir la ley de derechos LGTBI en su conjunto ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de «tumbarla».