Baleares y el Gobierno se reunirán para resolver discrepancias sobre dos leyes autonómicas

Se trata de dos resoluciones de octubre publicadas en la edición de este martes del Boletín Oficial de Baleares (BOIB). Respecto a la Ley de Apoyo a las Familias, las discrepancias afectan al artículo 15, sobre exenciones y bonificaciones en las tasas y precios públicos de ámbito autonómico, en servicios o actividades de carácter cultural, educativo, social o sanitario, para las familias de atención prioritaria (monoparentales, numerosas, en riesgo social, víctimas de violencia de género, con miembros en situación de dependencia o con discapacidad y casos de especial vulnerabilidad económica).

Este artículo prevé que las administraciones locales también puedan bonificar sus tasas y precios públicos.

Al respecto, el Instituto Balear de la Familia (IbFamilia) ha alertado de que si no se llega a un acuerdo con el Estado, esta ley, aprobada este verano, «puede acabar con un recurso de inconstitucionalidad».

Por ello, la asociación ha pedido «explicaciones» a la consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, y que señale públicamente «cuáles son las causas de esta negociación que puede llevar la ley al Tribunal Constitucional con graves perjuicios para todas las familias de Baleares».

Por otro lado, el BOIB también ha publicado una resolución en el mismo sentido sobre discrepancias sobre la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental de Baleares. En este caso, los artículos afectados son los apartados 3 y 6 del artículo único y la disposición final segunda.

Los apartados afectados del artículo único versan sobre los ámbitos de aplicación de la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental. La disposición final segunda, por su parte, daba una nueva redacción a un artículo de la Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental de Baleares.

Tanto en el caso de la Ley de Apoyo a las Familias como la de Evaluación Ambiental, se ha acordado designar un grupo de trabajo para proponer una solución a la Comisión Bilateral de Cooperación y comunicar el acuerdo al Tribunal Constitucional.