El motivo de la citación es hacerles entrega «de los dispositivos de su propiedad intervenidos» en el marco de esta causa, según la citación remitida a los dos periodistas.
El juez instructor del caso Cursach, Miguel Florit, ordenó a finales de diciembre la devolución de los móviles y del material informático requisado. Aunque los periodistas fueron requeridos por teléfono para acudir a recogerlos, las defensas de ambos pidieron que se les notificara la devolución «en debida forma» y «con señalamiento de día y hora».
También pidieron que se les informara por escrito del lugar donde han estado depositados estos móviles y ordenadores, de qué personas han tenido acceso a los mismos y qué inspección, registro, copia o manipulación de los mismos se ha llevado a cabo.
En el caso Cursach se investiga una presunta trama de connivencia entre responsables de discotecas y locales de ocio y policías locales de Palma y Calvià para favorecer los negocios del empresario Bartolomé Cursach.
Hace unos días, la Fiscalía Anticorrupción presentó escrito de acusación por una parte de este caso en la que acusa al empresario mallorquín de delitos de asociación criminal, prevaricación, cohecho y coacciones por los que solicita una condena de 8,5 años de cárcel, y acusa además a otras 23 personas, entre ellas 15 policías, para quienes pide condenas que suman 171 años.
La Policía Nacional detuvo el 18 de diciembre por presunta revelación continuada de secretos en el caso Cursach a un inspector que fue responsable del grupo de Blanqueo de la Jefatura de Baleares que investigó esta presunta trama de corrupción y a otro agente que intervino en el caso.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares admitió a trámite ese mismo día la querella de los dos periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press y de sus empresas contra el juez Florit tras ordenar requisar los teléfonos de ambos profesionales y dos equipos informáticos de la agencia de noticias en Palma para investigar la filtración.
La sala Civil y Penal del alto tribunal asumió la denuncia por los presuntos delitos de prevaricación, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista.
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