Estarás ha señalado que en esta ley se han vuelto a hacer «las cosas sin cabeza» y sin negociar «con nadie». Así, ha dicho que con esta prohibición se pone en riesgo a las personas porque se va «a destrozar mucho tejido productivo». «Además, me preocupa el tema de la competencia y el medio ambiente», ha remarcado.
La normativa se ha aprobado este martes en el Parlament y, en concreto, establece la prohibición de circulación y acceso a partir de 2025 en Baleares y de motocicletas, turismos, furgones y furgonetas que no sean libres de emisiones a partir de 2035.
Estaràs ha señalado, asimismo, que en una respuesta acerca de una restricciones similares propuestas por Dinamarca, la Comisión Europea ya se manifestó de manera negativa. Según ha añadido, esto «dice poco de un gobierno que siempre actúa contra alguien». «En todo lo que hace Armengol siempre hay damnificados», ha lamentado.
En su pregunta, Estaràs considera que esta prohibición es susceptible de vulnerar la Directiva 2007/46/CE que impide prohibir, restringir o impedir la matriculación, venta, puesta en servicio o circulación de vehículos que cumplan los requisitos establecidos.
En este sentido, la Directiva 2015/1535 establece que todo proyecto de reglamentación técnica, como es una prohibición, debe notificarse con al menos tres meses de antelación ante la Comisión, requisito, que según se explica, «ha sido incumplido», así como el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) al afectar al funcionamiento del mercado e incidir en la libre circulación de personas y mercancías.
En concreto, Estaràs se interesa por la posición de la Comisión respecto a la prohibición del Govern balear, y acerca de si va a adoptar alguna medida cautelar al respecto.
Además, pregunta por qué medidas se han adoptado ante la denuncia por incumplimiento del derecho de la UE presentada por la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones de España (ANFAC).
Cabe recordar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha registrado también una carta en el Parlament señalando que dicha ley puede producir «una serie de efectos negativos como la venta de vehículos, la distribución de carburantes en estaciones de servicio, las actividades de reparación de vehículos o de alquiler de vehículos y proponiendo «un análisis de alternativas que pudiera justificar la decisión tomada».
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